El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que el Consello ha acordado someter a trámite de audiencia y de información pública el anteproyecto de la Ley de Administración ambiental simplificada de Galicia, un texto con el que aspira a actualizar y unificar el marco normativo vigente en la Comunidad y avanzar en la simplificación de los distintos trámites a los que se deben someter aquellas actividades y proyectos que puedan causar un impacto potencial sobre el entorno.

«El objetivo es evitar duplicidades y eliminar ciertos trámites para agilizar el proceso conservando todas las garantías de que cumplen con la protección del medio ambiente», ha destacado en rueda de prensa.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la futura norma pretende reforzar la seguridad jurídica que piden tanto los promotores de iniciativas económicas sujetas a evaluación ambiental como las propias administraciones encargadas de aplicarla, al tiempo que se agiliza su tramitación con plenas garantías pero evitando solapamientos y duplicidades.

PLAZOS

Para impulsar su tramitación, el anteproyecto legislativo se someterá a información pública y audiencia durante el plazo de un mes, concretamente de 29 de octubre a 29 de noviembre.

En este periodo, el texto estará disponible en el Portal de transparencia para que cualquier interesado pueda presentar sus aportaciones y alegaciones, que serán analizadas después por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático con el objetivo de enriquecer el documento inicial y poder remitirlo al Parlamento ya como proyecto de ley en el primer trimestre del próximo año.

Así, la Xunta ha recalcado que el impulso de esta norma nace ante la dispersión de las regulaciones autonómicas sobre ordenación y evaluación ambiental surgidas en respuesta a la rápida evolución que sufrió el derecho ambiental en las últimas décadas, así como de la experiencia adquirida desde la aprobación en 1995 de la Ley de protección ambiental de Galicia.

Todo esto, ha añadido, ha hecho recomendable revisar el marco normativo de la protección ambiental a nivel autonómico y sustituirlo por una nueva ley que sistematice, actualice e integre los distintos instrumentos de prevención y control de la contaminación de las actividades económicas que por su propia naturaleza pueden incidir en el ambiente y que lo haga de acuerdo con los nuevos retos sociales y climáticos y con el marco regulatorio comunitario y estatal vigentes.