Los grupos de la oposición en el Parlamento gallego han exigido a la Consellería de Política Social cambios para el control de las residencias de mayores, tras el cierre de una en Amoeiros y otra en Xinzo de Limia, ambas en la provincia de Ourense, mientras que desde el PP se ha tildado sus denuncias de «alboroto».
Ha sido en una moción defendida por la diputada del BNG Olalla Rodil y que no ha salido adelante al no contar con el apoyo de los parlamentarios del PP. Con ella, se ha pedido que se remitan al Parlamento gallego las actas de inspección en ambas residencias y en otras, además de la modificación de la normativa que regula los ratios de usuarios por cada profesional de atención directa en los centros residenciales.
La parlamentaria nacionalista, que ha pedido la dimisión de la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha cuestionado que haya residencias con mayores que reciben de comida «patatas y leche» y que estén «sin asear». «No habrá problema para que el Parlamento conozca informes y actas de inspección, pero también el conjunto de la población», ha planteado antes de que no saliese adelante el contenido de la moción.
Y es que la diputada ha considerado que no es fácil de entender «que el 8 de septiembre haya una inspección en Amoeiro y no pase nada», en alusión a la realizada por Política Social, y que «el 2 de octubre se decrete el cierre por parte de Inspección de Trabajo y Guardia Civil».
Frente al rechazo por parte del PP a los argumentos esgrimidos, Olalla Rodil ha considerado que se busca «tapar las vergüenzas de un gobierno que permite que haya personas mayores desnutridas en una residencia».
Todo ello en un discurso en el que se ha pedido también la implicación de la Xunta para mejorar las condiciones de las trabajadoras de residencias privadas. «Hay una involución de los servicios sociales y estalló el SAF», ha aseverado Silvia Longueira (PSdeG) sobre el Servicio de Axuda no Fogar.
INSPECCIONES
Sobre las últimas residencias cerradas, ha considerado que se trata de una situación «decimonónica» que obedece a una «irresponsabilidad manifiesta por parte de la Xunta». «Las inspecciones se avisan con anticipación y los inspectores que lo denunciaron fueron aportadas», ha aseverado.
«Si se detectaron dos casos hay que temer que hay muchos más», ha expuesto, a su vez, el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Oeja, que ha pedido incrementar los servicios de inspección.
Desde el PP, la diputada Raquel Arias, ha instado a no lanzar «falsas acusaciones» y ha defendido el trabajo de inspecciones y de la Consellería de Política Social, así como las inversiones en este ámbito, en un contexto, ha dicho, «de máximo histórico de dependientes atendidos». «Nosotros queremos mejorar pero que el Gobierno del Estado cumpla con la ley, desde 2024 disminuyó las aportaciones», ha asegurado sobre la ley de dependencia.
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
Todo ello en el debate de unas mociones como la formulada por los nacionalistas en relación a las víctimas de violencia sexual y que tampoco se aprobó. En ella han vuelto a reclamar el «rescate» de los centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual para que pasen «de las manos privadas, de empresas amigas del PP» a la gestión pública.
Así lo ha asegurado Noa Presas que ha cuestionado la actuación de la Xunta en esta materia y ha pedido que se cuente con las asociaciones profesionales que trabajan en este ámbito. De «fake news y algaradas», ha tildado la parlamentaria del PP Paula Prado las afirmaciones hechas.
«Critican a la Xunta y no al Gobierno central que no aportó financiación para su puesta en marcha», ha asegurado para incidir en la privatización, ha sostenido, de servicios por parte de la Diputación de Lugo o ayuntamientos como el de Mazaricos.
Mientras, ha rechazado falta de transparencia sobre los datos de este servicio y ha respaldado que se conozcan en el Parlamento gallego. «No solo basta con consignar en la ley los derechos, hay que escuchar a las mujeres», ha aseverado la socialista Paloma Castro.
DEMANDAS PARA OURENSE
A su vez, el diputado por Democracia Ourensana Armando Ojea ha planteado una moción, también rechazada al no contar con el voto del PP, en la que ha demandado a la Xunta actuaciones en materia de atención sanitaria a las personas mayores y, en concreto, ha pedido la creación de un servicio hospitalario de geriatría ante la «discriminación», ha dicho, que sufre la provincia pese a a ser la más envejecida.
Así, ha solicitado incorporar una partida específica para su creación y un calendario «vinculante, con fechas de inicios». Desde el PSdeG y el BNG han respaldado la iniciativa, con enmiendas en el caso de los socialistas para implantar una unidad de ictus en el citado servicio y en el de nacionalistas de extenderlo a otras provincias. Desde el PP han rechazado un apoyo «literal» a la moción.
«Ourense está discriminada y necesitaría un servicio de geriatría con urgencia, ha expuesto la socialista María del Carmen Rodríguez. «Solo existen dos servicios de geriatría, uno en el área sanitaria de Vigo y otro en el de Lugo», ha reprochado la nacionalista Iria Carreira.
«No se trata de crear sin más el servicio hospitalario, proponemos avanzar con rigor y fortalecer los equipos existentes y evaluar la creación de nuevas enmiendas», ha aseverado la diputada del PP María Encarnación Amigo, quien ha planteado avanzar en la dotación de geriatras.
