La Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2026 introduce cambios en la Ley de Protección del Paisaje para «dar prioridad» a la construcción y explotación de los parques eólicos y al desarrollo de sus infraestructuras de evacuación.

La conocida como ley de acompañamiento de las cuentas autonómicas añade una disposición adicional a la Ley 7/2008, del 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia para declarar «el interés público superior» de los parques eólicos y de sus infraestructuras de evacuación en relación con la normativa de protección del paisaje.

De este modo, esta «declaración de interés público superior» se tendrá en cuenta como elemento de «singular relevancia al ponderar los intereses jurídicos de cada caso en la emisión de los informes de impacto e integración paisajística previstos en la normativa» del paisaje, así como en los procedimientos de evaluación ambiental necesarios para la autorización de los proyectos en los que se valore esta integración paisajística. Por ello, según los cambios introducidos, se dará «prioridad» a la construcción y explotación de los parques y al desarrollo de sus infraestructuras de evacuación.

Además, los cambios introducidos a través de esta disposición adicional en el Ley de Protección del Paisaje señalan que se considerará que la instalación de estos parques es compatible con los objetivos de calidad paisajística recogidos en las Directrices del Paisaje de Galicia.

Así, «solo se considerará la existencia de impactos paisajísticos críticos en los casos excepcionales en los que la instalación de aerogeneradores en áreas de especial interés paisajístico produzca una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación tras el cese de la actividad, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras».

LOS TRIBUNALES «OTORGARÁN PRIORIDAD» A LOS PARQUES

En la exposición de motivos de la conocida como Ley de acompañamiento la Xunta recuerda los instrumentos normativos aprobados a nivel europeo para acelerar el despliegue de las energías renovables como «instrumentos cruciales» contra el cambio climático y subraya que se introduce el «mandato claro» de que, en todo proceso de ponderación de los intereses jurídicos implicados tanto por los tribunales nacionales como por las autoridades encargadas de la concesión de las autorizaciones, se «otorgue prioridad» a la construcción y explotación de instalaciones de energía eólica, siempre que se apliquen adecuadas medidas de mitigación o restablecimiento.

En este punto, recuerda que el reglamento europeo que entró en vigor en diciembre de 2022 habilitaba expresamente a aplicar dichos mecanismos a los procesos de autorización cuando no recayese resolución definitiva.

INTERÉS PÚBLICO SUPERIOR DE LAS RENOVABLES

Sobre este aspecto, la Ley que acompaña a las cuentas para 2026 modifica la Ley de medidas que acompañó a los presupuestos de 2024 para añadir una modificación interpretativa al artículo 36 de la citada norma que ya declaraba el interés público superior de las energías renovables.

Si bien no cambia el fondo, se aclara el alcance de esta declaración al subrayar que la presunción de interés público superior será permanente hasta alcanzar la neutralidad climática y que se debe aplicar a todos los proyectos sen autorización definitiva antes del 30 de diciembre de 2022.