El proyecto de ley de protección de la salud de los menores y prevención de conductas aditivas llega este martes al Pleno del Parlamento de Galicia para su aprobación definitiva. Una ley que prohíbe la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores al equipararlos al tabaco y alcohol.

A la iniciativa solo se le ha registrado una enmienda, del BNG, que solicita su devolución ante su «tremenda ambigüedad», con una «sucesión de generalidades, sin concreciones».

El Consello de la Xunta aprobaba a finales de julio el proyecto de ley, un texto que convierte a Galicia en la primera comunidad en regular y prohibir la venta y el consumo de estos productos entre los menores de edad.

La iniciativa incorpora diferentes aportaciones de sectores implicados, de organismos públicos, de entidades sociales y de la ciudadanía.

En palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras el debate de la proposición en la reunión del Consello, se trata de una norma «necesaria, valiente y ambiciosa» con la que buscan una acción «coordinada» de toda la sociedad para proteger la salud de los menores.

En su intervención, el conselleiro explicaba que la norma parte de un enfoque integral y transversal, que aborda «tanto adicciones con sustancia como sin sustancia (juego, tecnologías…)» y combina la prevención, la promoción de la salud con el control de la oferta.

AMPLÍA LA PROHIBICIÓN DE FUMAR

El proyecto de ley prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores y amplía la prohibición de fumar a los accesos de los centros de la administración pública, centros educativos y sanitarios, en los que no se permite fumar en un radio de 50 metros.

Además, para reducir el número de fumadores pasivos, tampoco estará permitido fumar en las marquesinas de transporte público ni en las piscinas de uso público.

RIESGOS DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS

La Xunta señala que las bebidas energéticas que contienen 32 mg o más de cafeína por cada 100 ml y otros ingredientes estimulantes equivalen a beber tres cafés, lo que se considera excesivo para menores. En adolescentes, ingestas superiores a 60 mg pueden afectar al sueño y, a partir de 160 mg, pueden surgir alteraciones psicológicas y de comportamientos, además de trastornos cardiovasculares.

Por este motivo, Galicia será «pionera» a nivel nacional en su prohibición de venta y consumo por parte de menores, una medida que han tomado países europeos como Polonia y Letonia. Para contribuir a la concienciación social sobre el contenido de estas bebidas, los establecimientos deberán situarlas en un espacio separado con respecto a los refrescos.

El Gobierno gallego destaca que el consumo de estas bebidas es habitual entre la juventud mezclado con alcohol, lo que incrementa el riesgo de coma etílico. En este sentido, la Consellería de Sanidade establece que los servicios sanitarios solicitarán la presencia de las familias del menor que tenga que ser atendido por intoxicación provocada por el consumo de alguna sustancia psicoactiva proporcionándole asesoramiento y recursos de ayuda preventivos y asistenciales.

En el supuesto de que sea atendido por segunda vez, se le ofrecerá participar en un programa de ayuda y se recomendará la participación del adulto responsable.

La norma también incluirá la prohibición de la promoción de bebidas alcohólicas en establecimientos en los que esté autorizado el consumo en el propio local, mediante prácticas que inciten al consumo excesivo o descontrolado.

Además, las máquinas expendedoras solo podrán ofrecer bebidas alcohólicas cuando dispongan de sistemas que permitan acreditar la mayoría de edad.

SUSTITUIR SANCIONES POR LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS PREVENTIVOS

El proyecto incorpora, como novedad, la posibilidad de sustituir las sanciones por la participación en programas preventivos o asistenciales como, por ejemplo, programas de cesación tabáquica o de concienciación sobre los perjuicios de beber alcohol, fumar o consumir cannabis o, también, trabajos en beneficio de la comunidad, preferentemente relacionados con la conducta infractora. Además, incide en la prevención en el ámbito familiar, escolar, comunitario y sanitario.

En concreto, en los controles del programa de salud infantil a partir de los 12 años, se incorporan intervenciones preventivas de cribado e intervención del consumo de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y uso problemático de las tecnologías digitales.

COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES

En lo referente a las competencias de las distintas administraciones, el proyecto de ley define las mismas competencias para los entes locales que las establecidas en la ley de 2010 de prevención del consumo de alcohol en menores.

Además, la nueva norma traslada la competencia en la imposición de sanción relativas al botellón de los ayuntamientos a los departamentos territoriales de sanidad.

Para garantizar la coordinación, se creará una comisión en materia de prevención de las adicciones en Galicia que estará integrada por responsables de las áreas de la Xunta competentes en materia de sanidad, educación, juego, juventud y protección de la infancia, además de las administraciones locales y entidades sociales que realizan su labor en el ámbito de la prevención de las adicciones, con los que se firmarán convenios de colaboración.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL BNG

El grupo parlamentario del BNG ha presentado una enmienda a la totalidad, de devolución, a este proyecto de ley, ya que consideran que es «tremendamente ambiguo», con una «sucesión de generalidades, sin concreciones».

Para los nacionalistas, el texto incluye medidas sin establecer el ámbito en el que se van a aplicar ni los colectivos destinatarios de las mismas.

Lamentan que derive hacia los ayuntamientos actuaciones que exceden su ámbito competencial, como el sanitario, el educativo o la prevención. «Además de ser claramente actuaciones de competencia de la Xunta de Galicia, esta pretende que las asuman los ayuntamientos sin que ese cometido vaya acompañado de recursos presupuestarios, técnicos o humanos», recogen en el texto.

Afean también que la ley que se pretende sacar adelante «bascula muy especialmente» hacia las prohibiciones, infracciones y sanciones en vez de a acciones de prevención, información, formación y sensibilización, con recursos, objetivos y plazos. Sobre esto, tachan las sanciones de «desproporcionadas», especialmente teniendo en cuenta que van dirigidas a menores.