El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del PP para tratar de que Renfe recupere las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE que suprimió el pasado 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras de al menos 60 minutos.
Esta propuesta del PP ya se aprobó en la Cámara Baja en octubre de 2024 con los apoyos de Vox, UPN, Podemos, ERC y BNG, pero el Ministerio no lo ha aplicado. Ahora los de Alberto Núñez Feijóo vuelven a la carga buscando apoyos para doblar el pulso al Gobierno.
Si en aquella ocasión, el PP incluía otros puntos como el cese del ministro Óscar Puente, ahora se centra exclusivamente en recuperar las indemnizaciones que Renfe concedía por los retrasos en el AVE antes de julio de 2024.
A partir de esa fecha, Renfe modificó las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en la mayoría de sus servicios ferroviarios, estableciendo que por un retraso igual o superior a 60 minutos se devuelva el 50% del billete y si la demora supera los 90 minutos, la devolución es del 100% del importe del billete.
DENUNCIA QUE EL GOBIERNO SÓLO BUSCA «HACER CAJA»
En opinión del PP, esta medida fue decisión de Óscar Puente con el «único argumento» de ahorrar dinero. Los ‘populares’ reprochan que esta política de retrasos demuestra que el Gobierno prefiere «hacer caja a costa de los usuarios» en lugar de combatir los retrasos y desplegar las políticas que permitan situar los retrasos en márgenes razonables.
Asimismo, los ‘populares’ denuncian el «deterioro progresivo» de Renfe, que ha pasado de tener en 2022 un 84% de puntualidad en los trenes de largada distancia y alta velocidad a un 63% de puntualidad este verano de 2025. «Los datos confirman la tendencia: más incidencias, más retrasos y más caos ferroviario», apostilla el PP en la proposición no de ley que se debatirá en el próximo Pleno.
Con todo ello, el grupo parlamentario considera que restablecer el compromiso de puntualidad previo a julio de 2024 no es una cuestión contable, sino una exigencia democrática para devolver a la ciudadanía un derecho perdido y obligar al Gobierno a «afrontar su incapacidad de gestión en lugar de esconderla detrás de recortes».
