La controversia alrededor de una posible reforma constitucional está basada en parte en las dos reformas aplicadas al texto de 1978. Ninguna de ellas había sido consultada al pueblo, sino que se buscó un consenso entre fuerzas políticas, básicamente PP y PSOE. El más polémico fue el cambio realizado sobre el artículo 135 que anteponía el pago de las deudas del Estado sobre la atención o inversiones en las necesidades de la ciudadanía.

Otra cuestión también importante, por lo menos a día de hoy, es el problema territorial, acentuado con la situación catalana. Sin embargo, si observamos la situación en Galicia, la cuestión territorial no parece tener una especial relevancia, por lo menos para el actual ejecutivo presidido por Núñez Feijóo. En diez años de gobierno el gabinete presidido por Feijóo no ha realizado ninguna petición de traspaso competencial. Esto también hace preguntar si existe voluntad de usar las herramientas estatutarias y constitucionales por parte del gobierno autonómico, o si es que ha dado paso a una indiferencia absoluta a ejercer más autogobierno, por lo menos en el terreno administrativo.

¿VIVIMOS EN UN MARCO CONSTITUCIONAL VÁLIDO?

“El marco constitucional vigente es insuficiente para atender a las necesidades de la sociedad acutal, está anclado en el pasado y no es capaz de atender a crisis y cuestiones actuales” declara la parlamentaria del Grupo Común de la Izquierda, Luca Chao. Dede este grupo señalan cinco puntos prioritarios para afrontar una hipotética reforma de la Constitución, “primero, una carta magna feminista que garantice los derechos de todos y todas por igual, derogación del artículo 135 para que la prioridad sea atender a la ciudadanía, blindar la vivienda como derecho fundamental y efectivo, poner fin a los privilegios de la Iglesia y finalmente, reconocer la realidad plurinacional del Estado”.

Luis Villares, portavoz del grupo En Marea en el Parlamento de Galicia, concuerda con una visión de desfase por parte del documento de 1978. “En cuanto a plurinacionalidade es un documento agotado, no está actualizado de cara a nuevos modelos de convivencia y descriminalizar movimientos democráticos” señala Villares. Asimismo, el portavoz de En Marea asegura que dentro del terreno de lo social, un nuevo texto constitucional debería reflejar elementos como “una renta básica, la conciliación, la igualdad real entre hombres y mujeres, derecho la una vivienda digna y tener en cuenta la emergencia climática”.

La reforma o la adopción de una nueva carta magna aportaría a necesidad de abordar la misma cuestión con los estatutos de autonomía. Bieito Lobeira, miembro del BNG contempla la reforma de los estatutos segundo donde chege el cambio constitucional. Aun así, Lobeira deja claro que “para el BNG la Constitución no es reformable, la esencia de la Constitución anula la existencia de pueblos diferenciados o naciones”. Un ejemplo fue la resolución del Tribunal Constitucional que “no reconoce los mismos derechos para el gallego que para el castellano, para nosotros la cuestión es que los estatutos autonómicos son simples variaciones de la Constitución”.

Gonzalo Caballero, portavoz del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia, remarca la defensa de la Constitución del 78 desde su partido. “Somos conscientes de su importancia histórica porque posibilitó el período más largo de paz y convivencia que hubo en nuestro país, aunque estamos abiertos a modificaciones cuando sean necesarias”. No obstante, Caballero dice que los socialistas son “conscientes de la dificultad de implementarlas por el complejo que resulta crear las mayorías que lo posibiliten”. Preguntado por la reforma del artículo 135, el líder de los socialistas gallegos cree que “en este momento hay que estar trabajar en las necesidades actuales, toca pensar más en el presente y dar como asumidos los cambios que se hicieron en el pasado”.

“No hay necesidad ninguna de reformar la Constitución, pues la actual ya permite canales para la reforma de la misma” señala el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, quien refuerza su argumento destacando que “no hay necesidad de cambio porque tampoco hay consenso de cara a dónde ir en base a lo reflejado en el documento actual”. Puy además ve necesario reforzar el valor del texto de 1978 para “crear paz, respetar a los demás, respetar la convivencia entre todos y todas y crear así una estabilidad muy necesaria”.

¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE 1978?

“La sociedad va por delante de los políticos porque es plural y diversa” declara Luca Chao. “La ruptura del bipartidismo obliga a pactos y diálogo y así, la clase política había debido aprender a negociar” remarca la parlamentaria del Grupo Común da Esquerda. Sin embargo, esa ruptura del bipartidismo supone también un mapa político complicado para llegar a consensos. “El equilibrio de fuerzas en el Congreso es complejo, pero hay una mayoría de progreso amplia que será la que tenga que capitanear el proceso de reforma constitucional” sentencia Chao.

Luis Villares estima que un texto constitucional “está elaborado para una generación determinada cuando debiera mirar al futuro”. Como ejemplo pone el “derecho de acceso al agua, evitar que se privatice todo el público y garantizar los derechos de todas y todos sin excluir a nadie”. Por su parte, Bieito Lobeira se basa en los últimos diez años con Feijóo en la Xunta para hablar sobre “el saldo demográfico negativo y brutal, estamos a la cabeza en pérdida de población, pérdida de capacidad para generar riqueza, así que la Constitución no ha servido para que todos sean iguales”.

Pedro Puy por su parte reclama los cambios ya instaurados como vía para significar lo que ve como avances dentro de la sociedad. “Tenemos un estado muy descentralizado, más que algunos estados federales, por eso no se entiende que fuerzas centrípetas quieran ir más allá introduciendo elementos extraños como el derecho de autodeterminación”.

MONARQUÍA Y MODELO TERRITORIAL

La jefatura del Estado corresponde al monarca. Los partidos mayoritarios no discuten esta posición pero las nuevas fuerzas políticas entienden que se podría ponderar el peso de la monarquía dentro de la sociedad. “La pureza democrática está en las repúblicas porque implican la elección de todos los representantes” dice Caballero. A pesar de esto el líder socialista gallego señala que “el marco constitucional de un país se fragua según su evolución histórica, y en estos momentos la Constitución española es plenamente democrática”.

“Como demócrata que soy, considero esencial que las personas elijan la jefatura del Estado” apunta Luis Villares. “Lo curioso es que las encuestas del CIS no preguntan o no hacen encuestas sobre la monarquía” finaliza el líder de En Marea. “En democracia la ciudadanía es libre de elegir el modelo de estado, apostamos por decidir el modelo, o monarquía o república” sentencia Luca Chao.

Es también Luca Chao quien señala como superado el actual modelo territorial, “nadie niega que la crisis territorial es una de las más relevantes sobre la mesa. Defendemos un reconocimiento de un marco plurinacional”. Villares por su parte entiende que aquellos puntos relacionados con la territorialidad que no se han desarrollado, es por la responsabilidad de cada gobierno autonómico . “La Constitución es la misma para Galicia, para Castilla y León o Cataluña, pero en el caso gallego falta la voluntad política del PP para desarrollar temas como las competencias”. El portavoz de En Marea considera contraproducentes las quejas de “cierto sector del nacionalismo que echa todas las culpas a Madrid, el caso del paritorio de Verín es decisión de la Xunta y la política lingüística es competencia de la Xunta”.

El modelo territorial para Gonzalo Caballero puede incluir “perfeccionamientos en lo que es nuestro sistema territorial, estamos dispuestos a discutirlo siempre que haya puntos de acuerdo mayoritarios”. Por su parte Pedro Puy es tácito “la reforma del título VIII de la Constitución es un paso muy complicado, creo que en ese sentido, no es necesaria ninguna reforma”.

REFORMA DEL ESTATUTO GALLEGO

La oposición parlamentaria en Galicia está de acuerdo en que después de diez años de gobierno del PP en la Xunta, la asunción de competencias por parte del gobierno gallego ha sido nula. “Feijóo en diez años no ha pedido ni una sola competencia y nosotros reclamamos la transferencia de la AP-9, salvamento marítimo y otras necesidades” dice Luca Chao. Entre esas necesidades está la de dotar de más peso al Senado, “superar el modelo de las diputaciones dando más autonomía local, avanzar hacia una nueva ley de financiamiento”. Es necesaria una reforma del estatuto gallego? “La reforma sería a medio plazo, no es el más inmediato, hay que formar un gobierno que pilote este cambio” finaliza Chao.

La falta de asunciones competenciales para Galicia forma parte del ideario del PP, según Bieito Lobeira que explica que la negativa a tener más competencias “forma parte del propio proyecto del PP, detrás de una presunta apariencia pseudogalleguista, lo que esconde es una profunda españolidad, reniega de su tierra”. Incide también el político nacionalista que “pero es que el PP se niega incluso a utilizar el estatuto para las posibilidades que tiene, pequeñas pero reales, para mejorar la calidad de vida en Galicia”.

El escaso desarrollo del estatuto lo llevó ya a lo que Luis Villares ve como un elemento obsoleto. “Galicia tiene un estatuto obsoleto y sin desarrollar que lleva necesariamente a su reforma y así reconocer nuevos derechos a la ciudadanía gallega”. La reforma pasaría primero por la pérdida de la mayoría absoluta del PP y que la negociación acabe en un entendimiento entre las cuatro fuerzas de progreso “para reforzar la política social, ambiental, sanidad pública y mujer”.

“Feijóo fue un desastre para Galicia durante estos diez últimos años” apunta Gonzalo Caballero. “Ha hecho que Galicia haya perdido peso económico, calidad en los servicios públicos y peso en medio rural”. Además de esto, Caballero siente que el presidente de la Xunta ha mostrado su falta de compromiso con el autogobierno. “Feijóo no tuvo como prioridad el tener más o menos compentencias porque no supo gobernar con lo que ya estaba transferido”.

“El actual ámbito competencial abarca un abanico muy amplio, tenemos las competencias en Sanidad, Educación, Justicia y Políticas Sociales” dice Pedro Puy. El político “popular” entiende que este abanico es ya de por sí muy grande, esto hace que cuestione si “las transferencias de nuevas competencias resultaría rentable, incluso algunas de ellas tendían que estar en manos europeas a día de hoy”.

CATALUÑA, ¿PUNTO Y APARTE?

“Estamos en un punto y aparte sobre lo sucedido en Cataluña, incluso la sentencia del procés no ha hecho más que agravar la situación” analiza Luca Chao. “Es tiempo de hablar, diálogo, lo que es político no se solucionará en los tribunales”.

Por su parte, Bieito Lobeira considera que «en el caso catalán la vía estatutaria no los convence, ni siquiera a sectores que están por el derecho a decidir para una capacidad mayor de autogobierno”. Luis Villares insiste en que “el sistema territorial está agotado para permitir una nueva etapa para las distintas nacionalidades que conviven en el Estado”.

Gonzalo Caballero apuesta por abrir vías de diálogo con todas las fuerzas políticas, incluidas las nacionalistas. «La soberanía está en la ciudadanía del Estado, y cada vía de cambio ha de tener una mayoría dentro de esa ciudadanía y de las fuerzas políticas”. Reconoce que todo esto es difícil “porque las visiones políticas tienen una visión de parte, como es en este momento la aparición de una fuerza como Vox, con un discurso que es contrario al discurso sobre lo que se asentó la Constitución del año 1978”.