La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) y ‘número dos’ del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al alto tribunal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«Al no ser los hechos constitutivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes», ha precisado la fiscal en el escrito que ha presentado y al que ha tenido acceso Europa Press.

Sánchez Conde solicita además a la Sala de lo Penal del Supremo que González Amador declare como testigo en el juicio que se celebrará próximamente contra el fiscal general, así como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado de González Amador, Carlos Neira.

Asimismo, pide que se llame también como testigos a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid; Julián Salto, fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid; Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y que estuvo procesada, y numerosos periodistas.

Según la Fiscalía, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña transmitió a «múltiples periodistas», el 13 de marzo de 2024, que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a González Amador en la investigación judicial abierta contra él por presuntos delitos fiscales y «que, antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes ‘de arriba’ para impedir el acuerdo».

Indica que, a raíz de aquello, aparecieron informaciones en prensa que «suponían atribuir al Ministerio Fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio».

Como «consecuencia» de ello, agrega, la fiscal superior de Madrid contactó telefónicamente con García Ortiz, que en base al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal interesó que se le informase sobre la actividad de la Fiscalía Provincial en relación con los datos publicados, lo que «permitió constatar que no había habido ningún ofrecimiento de acuerdo por la Fiscalía ni, por ello, una ulterior retirada del mismo».

«Fue a instancias del fiscal general del Estado», añade, «y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», cuando al día siguiente, el 14 de marzo de 2024, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundió una nota informativa que «contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales».

«NINGUNA INTERVENCIÓN» DE GARCÍA ORTIZ

Por ello, la fiscal sostiene que «ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el letrado Neira».

Sánchez Conde señala que la información que contenían esos correos «ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general del Estado adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía».

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos.