La Xunta de Galicia ha lanzado un protocolo de actuación contra la violencia en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo, que establece el procedimiento a seguir con una actuación «coordinada» del personal educativo que asegura una respuesta «rápida y eficaz» en situaciones de este tipo.

En una rueda de prensa celebrada en el Instituto Luís Seoane de Pontevedra, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha presentado este miércoles el contenido del documento. Este busca dotar al profesorado de herramientas claras para detectar y actuar ante posibles casos de maltrato en la infancia y adolescencia, tanto dentro como fuera del centro escolar.

De esta forma, los docentes no son los responsables de confirmar una situación de violencia, pero sí contarán con un cuestionario de indicadores que permite identificar señales de alerta. Si la sospecha se confirma, los profesores deberán comunicar el caso a la dirección del centro, que deberá, en función de la gravedad, trasladarlo a los servicios sociales (si el riesgo es bajo) o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (si se trata de un riesgo elevado).

Durante el acto celebrado en Pontevedra, en el que estuvo acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, el conselleiro ha insistido en que la lucha contra la violencia en los centros educativos debe comenzar «mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas».

«La prevención es la clave, pero para que sea efectiva, hay que construir espacios seguros y de confianza donde el alumnado se sienta protegido y escuchado», ha completado Román Rodríguez.

PREVENCIÓN

El protocolo establece medidas específicas para la prevención, detección e intervención en casos de violencia ejercida contra menores en el entorno escolar, familiar o social.

De esta forma, contempla todos los tipos de violencia reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo la física, sexual, emocional, de género, institucional, negligencia, inducción a la delincuencia, explotación económica y el denominado Trastorno Facticio Infligido a Otro (TFIA), cuando un adulto provoca síntomas falsos en un menor para justificar tratamientos médicos innecesarios.

En el plano preventivo, el documento otorga un papel clave a la figura de la persona coordinadora de bienestar y convivencia, responsable de canalizar cualquier comunicación relacionada con posibles situaciones de violencia.

Además, se fomentará la formación del profesorado, la creación de entornos de confianza para el alumnado y la implicación activa de las familias a través de talleres y actividades formativas en inteligencia emocional, disciplina positiva o resolución de conflictos.

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN

Cuando se detecta una posible situación de riesgo, el protocolo insta al profesorado a actuar con la máxima diligencia y confidencialidad. Aunque no se exige a los docentes confirmar casos de violencia, sí se les proporciona un cuestionario de indicadores físicos, emocionales, conductuales y familiares que permite identificar señales de alerta.

Si la sospecha se confirma, el caso debe ser comunicado a la dirección del centro, que, en función de la gravedad, deberá trasladarlo a los servicios sociales (si el riesgo es bajo) o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (si se trata de un riesgo elevado). La comunicación a la familia solo se producirá si se descarta que los posibles agresores o encubridores pertenezcan al entorno familiar.

El protocolo también contempla medidas de intervención psicoeducativa para garantizar el bienestar emocional y el derecho a la educación de las víctimas. Entre ellas se incluyen el diseño de espacios de diálogo, adaptaciones metodológicas y curriculares, y un seguimiento confidencial coordinado por la persona responsable de bienestar y convivencia.

Asimismo, se refuerza la coordinación interinstitucional con los servicios sociales, sanitarios, fuerzas de seguridad y fiscalía, con el fin de garantizar una respuesta integral y efectiva ante cada caso.