El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, considera que dispone de «información suficiente» tras hablar este martes con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, para decidir sobre los próximos pasos en la investigación abierta en enero contra España por los 179 millones de euros en multas a cinco aerolíneas a las que el Gobierno acusa de prácticas abusivas.

Tzitzikostas y Bustinduy han mantenido este martes una reunión por videoconferencia después de que el ministro se quejara el pasado viernes de que el comisario no atendiera a su petición de verse y, sin embargo, recibiera en su despacho al consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, cuya compañía es una de las sancionadas por España.

En el curso de la reunión, ambos abordaron el asunto en una «atmósfera constructiva», según describe a Europa Press una portavoz comunitaria, que también ha precisado que ahora la Comisión «considera que ha recibido información suficiente» por parte de las autoridades españolas para examinar el caso.

Así las cosas, los servicios comunitarios están «actualmente reflexionando sobre los próximos pasos», ha indicado la fuente, que, no obstante, no ha dado detalles sobre ese análisis ni aclarado si hay un plazo para tomar una decisión.

Bruselas anunció el pasado enero el inicio de una investigación preliminar con la que, bajo el marco de un «diálogo estructurado» con el Gobierno, buscaba aclarar las circunstancias de la sanción decidida por Consumo en noviembre del pasado año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea.

Las aerolíneas fueron multadas por prácticas abusivas al cobrar un recargo por embarcar con equipaje de mano o por reservar asientos contiguos en el caso de pasajeros con dependencia o menores de edad.

La sanción fue denunciada ante Bruselas por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E).

BUSTINDUY AFEA AL COMISARIO QUE NO RECIBA A LOS CONSUMIDORES

Durante la llamada de este martes, el ministro ha expresado su «preocupación por la presión» que considera que está llevando a cabo Ryanair sobre el Ejecutivo comunitario para influir en la investigación, según han explicado fuentes del Ministerio.

Las mismas fuentes han indicado que Bustinduy, que ya criticó la semana pasada que Tzitzikostas recibiera en su despacho a O’Leary y no a él, se ha mostrado en su contacto con el comisario «sorprendido» con «ciertas similitudes» entre los argumentos que ha escuchado del conservador griego y la «línea general de las intervenciones de Ryanair».

Al respecto, el ministro ha confiado en que este entendimiento no signifique que Bruselas vaya a desatender su «obligación» de defender los derechos de los pasajeros aéreos, al tiempo que ha recordado al comisario que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictó en una sentencia el derecho de los pasajeros a volar con equipaje de mano sin sobrecoste y que las compañías sancionadas contravinieron ese principio y otras prácticas consideradas abusivas por la legislación española.

Otro de los argumentos del ministro en su conversación con Tzitzikostas ha sido subrayar que las sanciones acordadas por Consumo cumplen «todas las garantías procesales» y preservan la seguridad jurídica de las compañías implicadas en el expediente.

Finalmente, Bustinduy ha reiterado su llamamiento al comisario que reciba a los representantes de la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés) y a las asociaciones de consumidores de 13 países, entre ellos España, que se han unido para denunciar las prácticas abusivas de las aerolíneas de bajo coste.