El Gobierno autonómico ha iniciado la tramitación de la futura ley gallega de acoso y violencia digital, una norma que, según ha destacado el jefe del Ejecutivo, Alfonso Rueda, convertirá a Galicia «en la primera comunidad» en contar con legislación específica en este ámbito, para prevenir y apoyar a las víctimas, que son, sobre todo, mujeres, menores (incluido el acoso escolar) e integrantes del colectivo LGTBI.

Entre sus principales medidas estará la puesta en marcha de un servicio autonómico que, cuando haya una sentencia, permita borrar la huella digital de víctimas de acoso y violencia en la red, es decir, material (como vídeos íntimos, por ejemplo) que se haya utilizado para causar el daño.

Las primeras líneas de esta futura ley, cuyo anteproyecto se someterá a consulta pública previa y tendrá un papel pionero en España, han sido explicadas, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, por el propio Rueda y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

En su intervención, García ha apuntado que, en concreto en el caso de las mujeres, la ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género de 2007 ya recoge como violencia de género «la violencia digital o en la red contra las mujeres».

Precisamente, el anteproyecto de ley abordado este lunes por el Ejecutivo autonómico tiene por finalidad definir los conceptos de acoso y violencia digital, fijar los principios de actuación, establecer medidas de prevención, sensibilización, prevención y detección, posibilitar la formación en la materia al personal de la Xunta y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y articular medidas de protección y apoyo a las víctimas.

Para la elaboración de este texto legislativo, la conselleira ha destacado que la Xunta tuvo en cuenta a experiencia de diversas entidades, como por ejemplo la Asociación Stop Violencia de Género Digital, organización que lleva muchos años trabajando en este campo.

MEDIDAS

Fabiola García ha destacado que, entre las propuestas que se prevén en esta normativa, está la puesta en funcionamiento de un servicio de borrado de la huella digital. Esta medida trata de facilitar la eliminación del material digital accesible en red que haya utilizado como instrumento de acoso o violencia digital, favoreciendo la restauración de la reputación digital.

También se trabajará para la detección de los sistemas de geolocalización no consentidos.

Otra medida en la que trabaja la Xunta es la creación de un espacio virtual donde las víctimas podrán recibir asesoramiento gratuito para prevenir otros ataques o supuestos de violencia digital. La finalidad es que las víctimas sepan reaccionar y tomen las medidas necesarias ante el acoso y las violencias que sufren a través de sus ordenadores, teléfonos móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo.

Asimismo, se desarrollarán programas psicopedagógicos de intervención especializada en adicciones a las nuevas tecnologías dirigidos a menores y a sus familias. También se implantarán más medidas de prevención y sensibilización en el ámbito educativo, tanto en la etapa de secundaria como en la enseñanza universitaria. Para ello se pondrán a disposición del alumnado herramientas para poder denunciar cualquier acción de violencia digital, incluidos medios telemáticos o digitales.

CONSULTA PÚBLICA

Tras su paso por el Consello, el anteproyecto de ley se someterá desde este lunes, día 9 de septiembre, y durante un periodo de 15 días, a la consulta pública previa, con el objeto de recoger las aportaciones de la ciudadanía y de las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

La Xunta remarca que esta iniciativa refuerza su compromiso con la prevención, pero también con la ayuda y la protección a las víctimas, que en la comunidad cuentan con recursos habitacionales, a través de una red de viviendas de acogida por todo el territorio, con más de 80 plazas; centros de Información a la Mujer (CIM), que dan servicio a 200 ayuntamientos; ayudas económicas directas y periódicas, atención jurídica y psicológica gratuita y programas que fomentan la inserción laboral.

CIBERSEGURIDAD EN LAS ENTIDADES LOCALES

Por otra parte, en el ámbito de la ciberseguridad, la Xunta también ha informado de que las cuatro diputaciones y 109 ayuntamientos utilizan los sistemas de monitorización de los servicios en internet proporcionados por el Gobierno gallego, una cifra que casi se multiplicó por cuatro con respecto a 2024, cuando eran 26 ayuntamientos y las cuatro diputaciones.

Estas herramientas para identificar y calificar riesgos en la red permiten el control de la actividad de 170 direcciones IP y 252 dominios. La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ha elaborado un informe sobre los servicios de ciberseguridad prestados por la Xunta a las administraciones locales, que este lunes ha sido analizado en el Consello.

Según el mismo, en la primera mitad de este año, la Xunta reportó a las entidades locales casi 2.000 alertas por posibles fraudes, como credenciales robadas o webs falsas. En 2024 se lograron identificar más de 3.600 alertas.

Los servicios autonómicos procesan diariamente más de 700 millones de eventos informáticos en ayuntamientos y diputaciones. En la primera mitad de este año, se habían gestionado 8.500 alertas o intentos de ataque.

Asimismo, desde 2022, la Xunta realizó 172 auditorías técnicas sobre ciberseguridad en diputaciones y ayuntamientos, y puso a su disposición 6.000 licencias de una plataforma de protección avanzada.