La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, tras el crimen de la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ocurrido esta semana en O Porriño, se ha dirigido al personal de esta prestación para «animarlas a que denuncien» en caso de que estén sufriendo «algún caso de acoso». Ha instado a que lo hagan ante la administración competente o acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Es la única forma de protegerlas», ha asegurado.

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a Radio Nacional España (RNE) y recogida por Europa Press, tras ser preguntada por la protección con la que cuentan estas trabajadoras. Asimismo, ha asegurado que existe una «magnífica colaboración sociosanitaria» entre el Sergas y los servicios sociales en cuanto a la prevención de riesgos.

Cuestionada por un posible aumento del financiamiento por parte de la Xunta respecto a la carga que asumen los ayuntamientos, ha asegurado que el Ejecutivo gallego incrementa todos los años el presupuesto destinado a los servicios dirigidos a personas dependientes, entre ellos el SAF. Así, ha dirigido sus críticas al Gobierno central, que, según ha señalado, lo que está haciendo es «disminuir su aportación» –de un 40% en 2023 a un 34% en 2024–.

En este sentido, ha asegurado que la financiación del SAF por parte de la Xunta asciende a los 140 millones de euros y que ha llegado a un acuerdo con el presidente de la Fegamp para «incrementar progresivamente» esta financiación. «Nunca será suficiente lo que se invierte por ninguna administración cuando hablamos de personas mayores y personas dependientes», ha asegurado.

Preguntada por las medidas puestas en marcha por la Xunta para agilizar trámites de solicitudes de dependencia, García ha asegurado que, «por supuesto que dieron sus frutos». Tal y como ha indicado, el Gobierno gallego ha resuelto, en un plazo de 6 meses, 42.000 expedientes resueltos.

TRASLADO DE MIGRANTES

El futuro traslado de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla ha sido otra de las cuestiones centrales en la entrevista. Ha salido a colación uno de las episodios más recientes, ocurrido el 25 de julio, en el que el Arzobispo de Santiago, tachó de «inaceptable» usarlos como «arma política». Cuestionada por si cree que esta crítica iba dirigida a alguien concreto, la conselleira ha indicado que «eso habría que preguntárselo a él».

En relación a la reubicación de migrantes, la conselleira ha reiterado su oposición a acoger a los 317 migrantes que el Gobierno central planifica reubicar en la Comunidad gallega y ha insistido en los argumentos ya dados con anterioridad.

«Si el gobierno nos envía 317 menores migrantes vamos a tener que crear macrocentros y, sino, vamos a tener que crear guetos», ha acusado, al tiempo que ha asegurado que Galicia cuenta con una sobreocupación del 108%.

Preguntada por lo que pasará en la práctica, ha recordado que, por el momento, Galicia y otras comunidades autónomas del PP han recurrido al Real Decreto Ley sobre el traslado de menores migrantes, del que esperan una resolución por parte del Tribunal Constitucional. «Mientras tanto le pedimos al Gobierno, una vez más, que vuelva a haber consenso, porque no se puede ser solidarios con lo que no tenemos», ha expuesto.