El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha pedido a la Unión Europea (UE) una ampliación del plazo de entrega de los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que tratan las especies incluidas en la Directiva Hábitat, entre ellas el lobo, según han confirmado a Europa Press fuentes del MITECO.

España debía enviarlos antes del 31 de julio, tal y como aparece reflejado en la web de la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet), una red de colaboración de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Sin embargo, estas fuentes han señalado que solicitó hace unos días retrasar la entrega de los mismos. Por el contrario, señalan que sí se están enviando los relativos a las aves, enmarcados en el Artículo 12 de la Directiva de Aves.

Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que la Comisión informó a los Estados miembros a principios de junio que aceptaría pequeños retrasos en la presentación de los datos más allá de la fecha límite de ayer debido a dificultades técnicas con el nuevo sistema de informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Si el texto que remitirá España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable –tal y como avanzaron fuentes del Ministerio a finales de junio– no se podrán hacer «controles letales» de la especie, según asegura el MITECO, que se remite a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

La protección del lobo lleva siendo un punto de conflicto entre las CCAA y el Gobierno desde que la especie fue incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021.

Sin embargo, ambos niveles de la Administración han elevado el tono de la discusión desde la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario a finales de marzo de este año, que incluye tres disposiciones que en la práctica permiten de nuevo la caza de lobos en España, sobre todo después de que la Unión Europea (UE) rebajara la protección del animal en el continente con el cambio en la Directiva Hábitats.

Desde entonces, varias CCAA han reactivado los planes de gestión de los lobos, lo que ha dado lugar a sendos enfrentamientos en los tribunales de organizaciones ecologistas contra las decisiones de los gobiernos autonómicos. En este sentido, Ecologistas en Acción, la asociación DEAN y el partido Verdes Equo denunciaron en un comunicado conjunto la semana pasada la «incomprensible disparidad judicial» en torno al lobo, con ejemplos como Cantabria –donde se pueden extraer ejemplares– y Galicia –donde no se pueden eliminar–.

De acuerdo con la Ley de Desperdicio Alimentario, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobará los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta se llevó a cabo hace algunas semanas. Según relataron a Europa Press fuentes autonómicas, MITECO les hizo llegar un borrador del informe sexenal que «echaba abajo» las alegaciones que habían presentado las cuatro comunidades ‘loberas’ (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria).

De forma paralela, estas comunidades ‘loberas’ pidieron que se compartiese entre el resto de autonomías el informe que habían elaborado ellas, cada una con sus propios datos. Finalmente, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de Transición Ecológica, María Jesús Rodríguez Sancho, accedió a someter a votación este informe alternativo al del ministerio, que recibió el apoyo de todas las CCAA excepto Melilla, que «no estaba conectada» y Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, que se abstuvieron.

De este modo, el informe que se tendría que elevar a acuerdo a la Conferencia Sectorial es el de las CC.AA ‘loberas’ y no el de Transición Ecológica. Esta Conferencia Sectorial se iba a llevar a cabo el 22 de julio, pero fue desconvocada por MITECO debido a la petición de suspensión de convocatoria que hizo llegar al Ministerio la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

DOS RECURSOS CONTRA LA LEY DE DESPERDICIO ALIMENTARIO

El camino de aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario también fue objeto de enfrentamiento político. Por un lado, por las enmiendas que rebajan la protección del lobo, que fueron aprobadas por el Senado. Por otro, por una serie de enmiendas de PP, Junts y ERC que el Gobierno trató de tumbar en el Senado, haciendo uso de su potestad para vetar iniciativas legislativas que modifiquen los presupuestos en curso. Finalmente, la Cámara Alta las dejó pasar y acabaron siendo aprobadas.

Ambos conflictos han dado lugar a recursos en el Constitucional, uno presentado por el Defensor del Pueblo y otro por el PP. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica reclamó suspender la Conferencia Sectorial en tanto en cuanto el Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad de la rebaja de la protección del lobo.

En la última carta que ha enviado a las CCAA el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, éste señalaba que aún no se ha tenido acceso al contenido oficial de ambos recursos «y en consecuencia no ha sido posible valorar el alcance de ambos». Según confirmaron a Europa Press fuentes del Defensor del Pueblo, éste no pidió medidas cautelares contra la rebaja de la protección del lobo. Tal y como puntualizaron a Europa Press fuentes del PP, su recurso no tiene «nada que ver» con la especie, sino que se centra en la serie de enmiendas que el Gobierno trató de vetar.

NO SE DEBERÍA PERMITIR «MANIPULAR» UN INFORME TÉCNICO

El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha indicado en declaraciones a Europa Press que, desde el punto de vista de la organización, Transición Ecológica tendría que haber enviado ya el informe sexenal del lobo. Aún así, también ha reconocido que «lo lógico» sería esperar a que se aclarara el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Defensor del Pueblo contra algunas de las disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario.

Desde su punto de vista, está habiendo una «sobreactuación de presión política» con este tema por parte de las autonomías –«sobre todo, en las del PP»– para «condicionar» este informe, que «se tiene que hacer solo en base a criterios técnicos». Además, opina que están «pretendiendo» engañar a la población diciendo cuando «toda» la información técnica demuestra que el lobo está en un estado de conservación desfavorable.

«No se debería permitir que se manipule por intereses partidistas, por intereses electorales, un informe científico», ha criticado.

En términos similares se ha expresado el coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez. En declaraciones a Europa Press, ha vuelto a insistir en que las decisiones que se tomen respecto al lobo se tienen que tomar «en base a criterios técnicos y científicos y no políticos, tal y como pretenden realmente las CCAA».