La Xunta ha requerido al gobierno local de Santiago de Compostela que «enmiende deficiencias» en la documentación que envió a finales de mayo para solicitar la declaración de la ciudad como zona del mercado de alquiler tensionado, ya que «no se ajusta» a lo que exige la ley estatal de vivienda.

En un escrito remitido el martes de esta semana, al que ha tenido acceso Europa Press, el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, reclama una reformulación de la petición y, a tal efecto, deja en suspensión el plazo de seis meses del que disponía la Xunta para aprobar tal declaración.

Es más, a lo largo del escrito, el IGVS –dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas– pide que se elabore un nuevo documento de diagnóstico de la situación tensionada del mercado residencial en Santiago que parta de «datos que figuren en estadísticas oficiales o en poder de organismos públicos».

Y es que, tal y como reprocha el ente autonómico, uno de los puntos de tal documento emplea «principalmente los datos de un conocido portal inmobiliario».

La Xunta recrimina a Raxoi justificar la utilización de estos datos en base a estudios académicos «de evidente rigor y alcance». «En ningún caso cabe equiparar un trabajo académico a la decalración de un ámbito como zona de mercado residencial tensionado con las consecuencias que esto comporta», valora el Ejecutivo gallego.

Asimismo, «echa en falta» un análisis del estado de conservación –ruinoso, malo, deficiente o bueno– del parque de vivienda existente en la capital gallega, dentro del plan para instaurar medidas correctoras.

También pide que se complete dicho documento «con referencias a la antigüedad del parque inmobiliario, a la superficie construida de las viviendas o a la evolución del número de transacciones inmobiliarias realizadas», por ser datos –recalca– «disponibles en fuentes oficiales».

DE NUEVO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Así, dado que el Ayuntamiento compostelano debe acometer una «modificación sustancial» del informe de diagnóstico, tendrá también que volver a someter la documentación a un nuevo trámite de información pública, con el atraso que esto supondrá al proceso.

Además, la Administracion autonómica reclama documentación sobre las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública ya concluido y reclama «un certificado emitido por el órgano competente del ayuntamiento en el que se hagan constar las alegaciones presentadas y la fecha de su presentación».

CONCEPTO DE ‘GRAN TENEDOR’

En cuanto a la memoria justificativa que acompaña a la solicitud del gobierno de Santiago, los reparos que pone el IGVS también tienen que ver con la consideración de ‘gran tenedor’, que quedaría fijado en personas con cinco o más inmuebles dentro del propio término municipal.

La posibilidad de ampliar esta definición está contemplada por la ley, aunque «tiene que especificarse», como ha sido el caso de Compostela, según indicó el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en una rueda de prensa al respecto en mayo.

Raxoi basó esta medida en cifras del padrón del IBI conforme a los cuales más de 100 inmuebles urbanos de la capital pertenecen a personas que poseen entre cinco y diez viviendas.

El IGVS considera que este dato no parece «muy significativo –al haber en la capital 56.746 viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística– y ve una «falta de rotundidad en la valoración» del impacto que podría tener la definición de ‘gran tenedor’ que plantea el Ayuntamiento.

MEDIDAS QUE «CARECEN DE INCIDENCIA»

Sobre el plan específico con medidas correctoras del mercado tensionado, el Instituto da Vivenda e Solo considera que las medidas «carecen de incidencia» para revertir esta situación «y pueden desarrollarse directamente sin necesidad» de contar con la declaración.

Además, considera que «la mayoría de las medidas detalladas en el documento están implantadas o en curso de ejecución», si bien otras «carecen de contenido específico».

El IGVS también niega, tal y como sostiene Raxoi, que sea la Administración autonómica la que tiene las competencias para elaborar este plan de medidas correctoras. Según la ley gallega de vivienda del año 2012, debe realizarlo el ayuntamiento.

En este sentido, el director del ente autonómico advierte que este plan «debe incluir un calendario de implantación de las medidas propuestas» más concreto, ya que ahora establece que se realicen «a partir de 2025 y con el horizonte temporal de 2028».