La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Vilhelmsson, ha recordado que, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), un Estado miembro debe abstenerse de autorizar la explotación de una especie de interés comunitariop si «hay incertidumbre» sobre la compatibilidad de la explotación con el mantenimiento del estado de conservación favorable del animal.

Así se ha expresado ante de una pregunta registrada por Podemos y Alianza Verde a través de la eurodiputada Irene Montero en la que ésta preguntó a la comisaria europea si Bruselas considera «ajustada a derecho» la decisión de Asturias, Galicia y Cantabria de anunciar planes de caza de lobos tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vilhelmsson ha hecho referencia a la sentencia emitida en 2024 por el Alto Tribunal europeo ante una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). En ella, el TJUE dictaminó que el artículo 14 de la Directiva Hábitats se oponía a una normativa española que permitía la caza del lobo, ya que la especie estaba incluida en el anexo V y su estado de conservación se consideraba «desfavorable-inadecuado».

Además, ha señalado que la Comisión Europea espera la información actualizada sobre el estado de conservación del lobo en España que el Gobierno enviará a Bruselas este mes. Aún así, la comisaria europea ha recalcado que las autoridades competentes deben garantizar que las decisiones relacionadas con la caza de las poblaciones de lobos que figuran en el anexo V se fundamenten en «sólidas» pruebas científicas relativas al estado de conservación de la especie «a la luz de los principios de prevención y cautela».

PODEMOS Y ALIANZA VERDE: CAZAR LOBOS PODRÍA SER DELITO PENAL

Podemos y Alianza Verde han avisado que estas prácticas podría implicar infracciones graves de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como posibles delitos penales relacionados con la caza ilegal de especies protegidas, que implican penas de prisión de hasta dos años, multas e inhabilitación para cargo público.

De forma concreta, han advertido que si el Gobierno de Cantabria continúa impulsando batidas contra el lobo, podría estar actuando fuera del marco legal comunitario. En este marco, han exigido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que confirme públicamente que se ha dado la orden de detener cualquier acción cinegética o de control letal sobre el lobo.

Además, han pedido que se informe «de forma transparente» a la ciudadanía sobre las instrucciones trasladadas a los técnicos y agentes del medio natural. Para el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, «las trampas y los bulos de las derechas no se sostienen, y el lobo debe ser una especie protegida».

«El censo del lobo que se hizo público recientemente desmonta todos los mitos sobre la amenaza que representa la especie, y ahora la Comisión también nos da la razón. Por eso hacemos un llamamiento a las comunidades autónomas (CCAA), especialmente a Cantabria, a detener las matanzas, pero también al Ministerio a moverse y devolver al lobo al LESPRE», ha indicado.