La Xunta contratará un servicio para prestar el traslado de las víctimas de violencia de género a las nuevas secciones de esta especialidad en Santiago de Compostela y Ourense, que comarcalizan su servicio al asumir en su jurisdicción la de partidos judiciales de territorios próximos. Esta futura prestación autonómica responde al cumplimiento de la Ley de eficiencia de la justicia.

Así lo ha comunicado este miércoles el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, en la Comisión 1ª, en respuesta a una pregunta del diputado del BNG Iago Tabarés. «El gobierno legisla y las comunidades autónomas tienen que pagar sin ser escuchadas», ha criticado el responsable autonómico.

Asimismo, un real decreto publicado en junio regula la creación de cuatro nuevas plazas de violencia machista en Galicia: dos en Santiago y Ourense, que asumen las competencias de otros partidos judiciales situados en comarcas de sus provincias, y otros dos en A Coruña y Vigo, a partir de la transformación de dos plazas de instrucción.

Tronchoni ha ratificado que estos órganos verán incrementada su plantilla. Los juzgados especializados de Santiago, Ourense y Vigo contarán con dos funcionarios más y, en el caso de Coruña, el incremento será hasta tres. El fin es, en ningún caso, superar los 150 expedientes por funcionario, «una ratio buenísima», en palabras del director xeral.

CRÍTICAS A LA COMARCALIZACIÓN

El diputado nacionalista Iago Tabarés ha criticado la decisión de agrupar partidos judiciales en los casos de Santiago y Ourense, al considerar que estos juzgados «nacerán colapasados». «La decisión del real decreto está tomada en Madrid», ha expuesto.

La comarcalización de los juzgados especializados de Santiago y Ourense la conoció Tronchoni a través de una llamada de la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. En ella le informó de que el Gobierno estaba dispuesto a crear dos nuevas secciones en esta materia con la condición de que fueran comarcalizados. La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes dio luz verde a esta decisión al no haber otra alternativa.

«Sin estar de acuerdo con la decisión, yo prefiero ver el vaso medio lleno», ha valorado Tronchoni. «Es verdad que esta decisión, que supone un desplazamiento de la víctima de cara al capital, y genera incomodidades en todo lo que usted ha dicho», ha continuado. En este sentido, será la Xunta quien asuma este desplazamiento, para lo que cuentan con un presupuesto de 600.000 euros.

Para el director xeral de Xustiza, la comarcalización tiene de «bueno» la especialiadd y adaptación a las características propias de este tipo de violencia. «Se trata de buscar un equilibrio entre la especialización y una proximidad razonable. Seguramente aquí no hay una proximidad razonable», ha matizado. Además, Tronchoni considera que el alejamiento del procedimiento del lugar de la comisión de los hechos «evita una mayor afectación psicológica de la víctima»

PLAZOS «CUMPLIDOS» EN LAS OFICINAS JUDICIALES

Por otra parte, desde este martes los juzgados de paz se han reconvertidos en las oficinas de justicia de cada municipio. Galicia cuenta ya con 38, del total de 45 partidos judiciales existentes en el territorio. «Nosotros cumplimos los plazos», ha asegurado Tronchoni.

El calendario de implantación de la normativa, «un tanto apresurado» según el director xeral, establecía que la primera fase debía ser cumplida a partir del 1 de julio. «Para nosotros, el mantenimiento de los juzgados de paz era una necesidad irrenunciable», ha defendido Tronchoni, en base al envejecimiento de la población y el riesgo de desplobación rural.

«Esta oficina no solo mantendrá sus servicios, sino que los ampliará», ha indicado el secretario xeral. De esta forma, esta pretende evitar que las personas de los municipios menos poblados tengan que desplazarse a las capitales para realizar las gestiones que la Administración de Justicia requiere.

Esta adaptación se realizará de forma gradual, «atendiendo a los espacios y medios disponibles» en cada municipio, para lo que la Xunta ha mantenido contactos con las entidades locales.

Estas explicaciones las ha dado el director xeral de Xustiza en respuesta a una pregunta de la diputada popular Paula Prado, que centró su intervención en criticar la gestión judicial del Gobierno central. «Pedro Sánchez marcó como objetivo dinamitar la división de poderes», ha juzgado.