La Xunta de Galicia y la Asociación Eólica Galega (EGA) han lamentado que el Gobierno central «perdiera otra oportunidad para garantizar la seguridad jurídica del sector» a través del Real Decreto para el refuerzo del sector eléctrico aprobado la semana pasada que incluía una prórroga para ejecutar los nuevos proyectos solares y eólicos que cuentan con todos los permisos pero que están en peligro de caducar.
En un encuentro mantenido este lunes, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el presidente de EGA, José Manuel Pazo, han analizado la repercusión de ese real decreto sobre el sector y han coincidido en afirmar que llega «tarde y mal».
Tal y como ha señalado la Consellería en una nota de prensa, Ángeles Vázquez ha incidido en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado este instrumento normativo «justo el día en el que vencía el plazo de varios proyectos eólicos», a pesar de que «desde el Gobierno gallego se insistió en múltiples ocasiones en la necesidad de adoptar esta medida».
En este sentido, la conselleira ha puesto en valor que el Gobierno central «siguiera el ejemplo de Galicia y regulara, tal y como ya hizo con anterioridad la Xunta, la suspensión de los plazos establecidos como límite para poner en marcha nuevos proyectos de energías renovables con autorización suspendida en vía judicial».
En esa línea, ha defendido que espera que el Ministerio no presente el recurso de inconstitucionalidad que había anunciado cuando Galicia reguló esta cuestión.
Asimismo, la conselleira ha hecho un llamamiento al Gobierno central para trabajar juntos de cara a garantizar un desarrollo sostenible del sector eólico, que, según establece la Unión Europea, «es clave para avanzar hacia la descarbonización». Precisamente, por eso, ha lamentado que el real decreto aprobado la semana pasada «pase por alto el interés público superior de las energías renovables, reconocido ya a nivel comunitario».
Además, la responsable autonómica ha censurado que el Ejecutivo estatal «perdiera la ocasión de regular la retirada de la zonificación ambiental para la implantación de energías renovables o cuando menos, la aclaración de su carácter orientativo, o la simplificación de los procedimientos administrativos relativos al sector», así como «otras cuestiones esenciales de la directiva europea que el Estado está obligado a trasponer».
