El BNG ha denunciado «inacción y pasividad» por parte del Gobierno del Estado ante el «grave problema ambiental» que representa el «cementerio nuclear» hundido en la Fosa Atlántica, frente a la costa gallega y ha exigido una investigación propia sobre estos residuos radiactivos.
En un comunicado, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado al Gobierno que asuma sus responsabilidades e impulse una misión científica propia para inspeccionar y evaluar el estado de los más de 225.000 bidones con residuos radiactivos depositados en el fondo marino desde hace más de cuatro décadas.
Néstor Rego ha advertido de la falta total de vigilancia y control sobre esta zona, donde señala que fueron arrojadas más de 140.000 toneladas de basura nuclear procedentes de ocho países europeos entre 1949 y 1982, sin que el Estado español realizase ninguna inspección reciente ni diese paso para conocer su impacto ambiental.
«Resulta incomprensible e irresponsable que, después de más de 40 años desde la finalización de los depósitos, el Gobierno español no haya promovido una sola misión científica propia para conocer el estado real de estos residuos peligrosos», critica Rego. «El Estado no puede seguir desaparecido frente al potencial riesgo de la basura nuclear frente a la costa gallega», demanda.
El BNG recuerda que estos días una misión francesa, con el buque oceanográfico L’Atalante, con tecnología submarina avanzada, inspecciona la zona. Esta misión –promovida por el Centre National de La Recherche Scientifique (CNRS)– ya localizó más de un millar de bidones y tiene previsto continuar en 2026 con una segunda fase de actuación directa sobre los residuos.
«No se entiende que siendo la costa gallega la más expuesta a cualquier riesgo potencial, el Gobierno del Estado no impulse una investigación científica propia, a través del CSIC o de otras instituciones, que permita conocer la situación real de los bidones y su impacto ambiental», afirma el diputado nacionalista.
El BNG recuerda que las únicas inspecciones realizadas hasta el momento tuvieron lugar en 1988 y 1998, y denuncia que ni el Consello de Seguridad Nuclear español ni la Agencia Internacional de Energía Atómica realizaron ningún seguimiento en los 25 años, pese a las advertencia de expertos sobre el posible deterioro de los bidones y el riesgo de contaminación marina.
«Es inasumible que el Estado permanezca impasible mientras se desconoce el estado de un cementerio nuclear en las inmediaciones de nuestras costas. No es una cuestión secundaria, sino un asunto de salud ambiental, seguridad y responsabilidad internacional», denuncia Rego.