Los sindicatos CCOO, ANPE y UGT han anunciado este martes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la justicia por los «incumplimientos» de la Xunta en la aplicación del acuerdo de reducción de ratios, firmado con las tres organizaciones en octubre de 2023.
Así lo han avanzado el secretario de CCOO Ensino, Borja Campos, el presidente de ANPE Galicia, Julio Díaz, y la responsable de UGT Ensino, Sandra Montero, en una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela.
La vía judicial llega después de agotar los recursos administrativos y tras múltiples advertencias por parte de los sindicatos desde que arrancó el curso escolar 2024/25, cuando empezó a aplicarse la nueva normativa que establecía una bajada paulatina de los alumnos por aula, de 25 a 20 en Infantil y Primaria.
En concreto, la demanda se ha interpuesto sobre las 9.30 horas de la mañana ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago, con el objetivo final de reclamar el «cumplimiento íntegro» del acuerdo ante la discrepancia de la interpretación del texto.
Según explican los sindicatos, el documento firmado –incluso lleva la rúbrica del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda– recoge la reducción paulatina de las ratios, empezando por 3º de Infantil, pero no de otras como la computación doble o triple del alumnado con necesidades y de las ratios en aulas mixtas, que son las que escolarizan en una misma aula a niños de varios niveles.
Además, las tres organizaciones denuncian que el contenido del acuerdo fue recogido en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañaron a los presupuestos del Gobierno gallego de 2025, si bien el texto variaba y fijaba una aplicación «en varios años y no de modo inmediato».
SE INCORPORARÍAN OTROS 396 DOCENTES
De acuerdo con cálculos de los sindicatos, si la Consellería de Educación aplicase de forma «adecuada» lo firmado, se incorporarían 396 docentes y 282 aulas a mayores al evitar el cierre de unidades. «Se dice pronto, pero no son pocos», ha añadido Sandra Montero (UGT).
Borja Campos (CCOO) ha destacado que el acuerdo permitió que, en el curso que está a punto de finalizar, se creasen diez aulas y 21 plazas fijas de profesores pese a la crisis demográfica que sufre Galicia. «Y eso con una aplicación parcial», ha añadido.
Julio Díaz (ANPE) ha explicado que el motivo de acudir a la justicia a punto de finalizar el curso se debe a que siguieron «todo el proceso administrativo» para que «ningún juez pueda decir» que desestima la demanda por defectos de forma.
«Lejos de permanecer inactivos, desde que detectamos los incumplimientos de la Consellería emprendimos una lucha constante en todos los frentes posibles», ha asegurado Díaz, tras recordar que el pasado octubre acudieron a la Valedora do Pobo y que en meses recientes se interpuso un recurso en vía administrativa, pero que fue desestimado ante la falta de contestación.
En este contexto, los tres sindicatos advierten que no descartan ninguna otra medida de presión.
MIRAN HACIA VALENCIA
CCOO, ANPE y UGT han advertido que ya en la Comunidad Valenciana se judicializó un asunto parecido y el Tribunal Superior ordenó a la Generalitat a contratar a casi 1.900 profesores, en virtud de un acuerdo que no se estaba ejecutando de manera correcta. Este caso derivó incluso en una petición de «responsabilidades penales».
Sobre horizontes temporales, las organizaciones consideran que tardará «unos meses hasta que haya una vista», por lo que descartan que la sentencia llegue antes del inicio del curso en septiembre. Eso sí, Montero (UGT) señala a la Consellería que «eso no quiere decir que tenga que esperar» al fallo judicial, sino que podría cambiar su interpretación si quisiese.
Además, las organizaciones han vuelto a solicitar una reunión con el presidente de la Xunta, que también estampó su rúbrica en el documento. Díaz (ANPE) ha criticado que, cuando se firmó en octubre de 2023, Rueda mostró «disposición total», que «hasta tuvo tiempo de tomar un café» con ellos, porque faltaban meses para las siguientes elecciones autonómicas. Así, le ha pedido que «deje un poco la bicicleta» y les atienda.
Así las cosas, los tres sindicatos han insistido en defender el contenido del acuerdo y han reclamado al resto –entre ellos la CIG, el mayoritario– que «se sumen» a él, pese a los «insultos y descalificaciones» que sufrieron en su momento, en palabras de Campos.
«Las organizaciones que no firmaron nos dicen que retiremos la firma, por un lado, con la boca pequeña; y, por otro, exigen a la administración que lo cumpla», ha reprochado Díaz.
