El Grupo Provincial el Partido Popular ha acusado al gobierno bipartito de la Diputación de Lugo de haber cesado a la directora de la residencia de mayores de Trabada, «lo que confirma la existencia de problemas en el centro», algo que desmiente la Presidencia del Gobierno provincial, asegurando que «es rotundamente falso», ya que «fue ella la que presentó su renuncia de manera voluntaria, tal y como consta por escrito».

Según ha explicado el diputado socialista Pablo Rivera, en su carta de renuncia, la directora expone que su decisión responde a «la campaña pública de desprestigio de la que fue objeto, con acusaciones infundadas que cuestionaban su profesionalidad».

Para los socialistas «esta realidad abre interrogantes sobre quien impulsó esa campaña y con qué finalidad» y, además de mostrar su «respeto por la decisión, que fue adoptada en un contexto de fuerte presión externa», afirman que la dirección de la residencia estuvo y sigue estando «plenamente garantizada, asegurando en todo momento el correcto funcionamiento del centro y la atención a las personas usuarias».

Mientras, el PP ha asegurado que constan «por lo menos» diez quejas oficiales inscritas en el libro de reclamaciones de la residencia en el último año. El portavoz popular, Antonio Ameijide, ha recordado que «los responsables de la residencia son el Ayuntamiento y la Diputación» y «los responsables de los gobiernos local y provincial deberían ser capaces de escuchar y atender las reclamaciones».

Por su parte, Rivera ha señalado a los populares como responsables de esta situación y se ha preguntado «si no son también corresponsables del clima que llevó a esta decisión de cese». Además, ha añadido que «la utilización partidista de un asunto tan sensible como el cuidado de las personas mayores no debería tener cabida en la política institucional».

Además de reclamar al PP que también exija explicaciones similares a la Xunta de Galicia, «que es quien ostenta las competencias en materia de políticas sociales», ha pedido una aclaración sobre «su papel en la difusión de estas acusaciones» y que valore «si es compatible con una actuación institucional responsable».

Ante esto, Antonio Ameijide ha asegurado que «no buscan ningún tipo de rédito político, lo único que quieren es el mejor trato para los usuarios y que se respeten las condiciones laborales de las trabajadoras».