Medio centenar de trabajadores del centro penitenciario de A Lama, convocados por los sindicatos CSIF, Acaip-UGT y CIG, se han concentrado este martes ante de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para reclamar medidas urgentes que garanticen la seguridad del personal en esta prisión.

El detonante de esta movilización ha sido el incidente vivido la semana pasada, cuando un interno reincidente intentó apuñalar a dos funcionarios y profirió amenazas de muerte.

Según explicó Juan da Cruz, delegado sindical de CSIF, el interno atacó con un pincho carcelario a un funcionario. «Fue un intento de homicidio en toda regla», afirmó el representante sindical. El funcionario consiguió esquivar las cuchilladas, pero sufrió un golpe que le provocó lesiones internas en un oído.

Los delegados sindicales fueron recibidos por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que se comprometió a trasladar a los órganos competentes las reivindicaciones de este colectivo para frenar el deterioro de la seguridad en los centros penitenciarios.

Los sindicatos consideran urgente que se adopten una serie de medidas, entre ellas el reconocimiento oficial de los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo. Alberto Fernández, delegado sindical de Acaip, ha insistido en la necesidad de que «actualicen el marco normativo y que nos reconozcan como agentes de la autoridad».

También exigen la paralización de las progresiones de grado automáticas para internos con historial violento y una revisión «rigurosa y multidisciplinar» de los criterios de clasificación penitenciaria.

Señalan que el actual Protocolo de Actuación Frente a Agresiones (Peafa) no responde a la realidad diaria de los trabajadores, ya que solo contempla los casos con lesiones graves, dejando sin cobertura muchas otras formas de violencia.

Además, los representantes sindicales alertan de que en la actualidad la cárcel de A Lama (Pontevedra) cuenta con alrededor de 40 vacantes solo en el área de vigilancia, lo que, sumado a la elevada media de edad del personal, «dificulta aún más la tarea de control y seguridad frente a internos».

Los sindicatos coinciden en que la situación en Galicia es «especialmente preocupante». A Lama se ha convertido en la prisión gallega con más agresiones desde 2020, con 37 ataques registrados, 32 de ellos en los últimos tres años. A esto se suman otros hechos graves, como la agresión sexual sufrida por una funcionaria en noviembre de 2024, o los «sucesivos ataques» a personal penitenciario en Monterroso y A Lama durante los últimos meses.