El Parlamento gallego reclama al Gobierno central, por unanimidad en una iniciativa del PPdeG, una base permanente de Vigilancia Aduanera en la coruñesa ría de Camariñas, en la Costa da Morte, para luchar contra el narcotráfico, además de modernizar y reforzar medios de este servicio para interceptar narcolanchas.

Igualmente, la Cámara pide que el Ejecutivo central garantice la plena operatividad horaria del personal de Vigilancia Aduanera para que «no vuelva a ocurrir que condicionantes económicos o la negativa a abonar horas extra comprometa la ejecución de operaciones contra el narcotráfico». También se demanda «garantizar una distribución equitativa y proporcionada de los medios» de este servicio en el conjunto de comunidades, «de tal modo que no se dé prioridad a determinados territorios por razones espurias».

En la Comisión Institucional, la diputada popular Paula Mouzo ha lamentado que el narcotráfico «es una lacra que exige una postura firme de todos» ante «un problema que sigue ahí y creciendo en los últimos años», ya que «la situación va a peor». Avisa de que la droga «puede descargarse en una playa de la ría de Camariñas, pero su mano negra se expande por todo el territorio».

«Hablamos de la Costa da Morte, una zona castigada por la droga y una puerta de entrada por donde las mafias meten su mercancía, por lo que es necesario reforzar los medios de lucha contra el narcotráfico», afirma. Espera que «la Costa da Morte y que Galicia dejen de ser noticia por el narcotráfico».

Durante el debate, Patricia Iglesias (PSdeG) ha aprovechado para recordar que el expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, en «los peores tiempos del narcotrafico en Galicia, navegaba con Marcial Dorado», una «foto que le perseguirá toda la vida». También ha subrayado que en el libro ‘Fariña’ se habla de «enormes vínculos de alcaldes de Alianza Popular con el narcotráfico», pero «el PP quiere borrar esa memoria».

En esta línea, Óscar Insua (BNG) ha incidido en que «reportajes fotográficos hay bastantes», como el de «Rajoy con aquel atunero en las costas del Salnés», en alusión a la presencia del expresidente del Gobierno en Cambados en el barco ‘Moropa’ ligado a narcos.

También ha afeado Insua que el argumentario de la iniciativa «acusa a los marineros locales de ser responsable del narcotráfico». El diputado nacionalista se refiere a un párrafo de la exposición de motivos de los populares en la que pone literalmente: «La falta de patrulla permanente en la zona facilita que las mafias operen con impunidad, utilizando métodos sofisticados de desembarco nocturno o en condiciones meteorológicas adversas, en las que solo los marineros locales y los narcotransportistas con experiencia se atreven a mover».

En su réplica, Mouzo ha reprochado a la oposición que «cuando quedan sin recursos vuelven a lo de siempre», a «fotos de hace 20 años». También ha recordado que Pablo Escobar asistió a la fiesta del PSOE en la victoria de las elecciones de 1982, además de que ha dicho que la alcaldesa socialista de Camariñas, Sandra Ínsua, «cuando se habla de droga, desgraciadamente, agacha la cabeza y pasa de puntillas».

OTRO ACUERDO

En esta comisión ha salido adelante otro acuerdo impulsado por el PPdeG, con abstención de BNG y PSdeG, en la que se insta al Gobierno central a aprobar la declaración de profesión de riesgo y la correspondiente jubilación anticipada para la Guardia Civil y Policía Nacional independientemente de que pertenezcan al régimen de clases pasivas o al régimen general.

Esta propuesta incluye una serie de peticiones como un aumento de efectivos en Galicia con una actualización del «obsoleto» catálogo de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se requiere pide incrementar la dotación de medios, como pueden ser los chalecos antibalas, así como dejar fuera de la aplicación del código penal militar los hechos de la Guardia Civil que se produzcan fuera del ámbito laboral.

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado que los agentes padecieron 17.000 agresiones en el país en 2024, la cifra más alta en la serie histórica, ante la «pasividad» del Gobierno que se niega a reconocer esta profesión de riesgo. Denuncia que faltan más de 1.000 efectivos del catálogo de 5.000 en Galicia, al tiempo que alerta de «un desmantelamiento premeditado de la Guardia Civil en España».

Apunta que profesiones como operario ferroviario o artista son consideradas «profesión de riesgo» con anticipos de jubilaciones, pero no para la Policía y Guardia Civil. «Omar Montes podrá solicitar la jubilación anticipada cobrando el 100% de la jubilación y de su pensión, pero no lo pueden hacer los agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil porque, a diferencia de Omar Montes, no tienen una profesión considerada de riesgo», ha afirmado.

Iago Tabarés (BNG) ha reducido esta iniciativa del PP a una «pequeña performance» que utiliza el Parlamento como «instrumentalización» para «bulos». Echa en cara a los populares que no incluyan a los miembros de Vigilancia Aduanera y se pregunta si «consideran que perseguir el narcotráfico no es una profesión de riesgo».

A renglón seguido, Paloma Castro (PSdeG) ha recriminado a los populares que con el Gobierno de Mariano Rajoy se recortaron 13.000 efectivos, casi 500 de ellos en Galicia. Además, espeta al PPdeG que entre 2013 y 2018 no defendieron ninguna iniciativa en este sentido en el Parlamento gallego con el Partido Popular gobernando en Madrid. «No tienen vergüenza», las ha dicho, al hablar de «condiciones inadecuadas» de agentes cuando 1.000 efectivos estuvieron en «el barco Piolín» durante el mandato de Rajoy.

INICIATIVAS RECHAZADAS

Por otra parte, los populares han denegado las iniciativas presentadas por BNG y PSdeG en esta comisión. Pedían medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de guardia del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y devolver 91 millones a los municipios gallegos que no les ingresó la Xunta en 2023.

Insua (BNG) se ha referido al informe del Consello de Contas que advierte que la Xunta dejó de ingresar 91 millones de euros que tenía comprometidos a los ayuntamientos gallegos en 2023. El Gobierno gallego «se quedó» con este dinero «a sabiendas de la problemática financiera» de los municipios con competencias impropias.

Sobre este extremo, Argimiro Marnotes (PP) ha justificado que el «BNG pretende confundir a la ciudadania» porque «omite que muchas ayduas son condicionadas o finalistas», por lo que «dependen de colaboración activa de municipios» y el Gobierno gallego «no puede transferir recursos sin garantías de cumplimiento de los requisitos legales».

Paralelamente, tanto Iago Tabarés (BNG) como Paloma Castro (PSdeG) han denunciado la situación de forenses del Imelga que deben estar de guardia siete días consecutivos durante las 24 horas al día y cobrando solo 1,42 euros por hora, por lo que exigen mejoras en su situación laboral y de remuneración.

El diputado popular Roberto Rodríguez ha justificado la negativa de su grupo en que la Xunta «ya está trabajando» en un proyecto de viabilidad con «modificaciones y características de cada subdireccion territorial». Reconoce que «hay camino por delante», si bien no comparte la «visión catastrofista» de la oposición.