El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha acusado al Gobierno central de estar «mudo» y «ciego» ante la amenaza para el sector conservero, especialmente el atún, por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Tailandia.

En una comparecencia en el pleno del Parlamento, Villares ha mostrado la «intensa preocupación» en Galicia por la liberalización arancelaria que puede cerrarse este año para las conservas que entren en la UE.

En este sentido, se ha valido de datos de la patronal conservera Anfaco para resaltar que el sector tiene una facturación en el país de más de 14.000 millones y 26.000 empleos. Subraya que Galicia supone más del 70% de la facturación y empleo de España, así como un 90% del volumen de la producción.

Alerta de que la derogación de los actuales aranceles del 24% puede acarrear una «afluencia masiva de importaciones» en Europa de 24.000 toneladas en solo dos años.

Precisamente, Villares alerta de que Tailandia es un país en el foco de investigaciones por «incumplimientos graves» en cuestiones como esclavitud, trabajo infantil y técnicas de pesca ilegal, unido a un «ejemplo de manual de ‘dumping’ normativo».

Por ello, remarca que «quien tiene representación en estas negociaciones es el Gobierno central», a quien apela a interceder ante la Comisión Europea. Critica las «contradicciones» de la CE por imponer regulaciones «cada vez más restrictivas» a la flota europea mientras avala la importación de productos que no cumplen los «mismos requisitos». «Penalizaría a quien cumple y premiaría a quien no lo hace», se queja.

Igualmente, ha tenido reproches para el PSdeG por no apoyar una proposición no de ley este año en el Parlamento acerca de estas reivindicaciones.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Durante el debate, Rosana Pérez (BNG) ha recriminado que el conselleiro haya elegido este tema para comparecer y no lo haga de otros que «son competencia de usted», le ha dicho a Villares, como la «debacle» en el sector del mar y que en 2024 se sufriese la «mayor pérdida» de trabajadores en el sector «en los últimos 25 años».

En esa «nefasta gestión», Pérez también afea a Villares que dé explicaciones por el «vergonzoso» informe de la Dirección Xeral de Pesca, en la declaración de impacto ambiental de Altri, que dice que «todo está bien respecto a lo que diga el promotor». Sobre el proyecto en Palas, el conselleiro ha replicado al BNG su «cambio de posición», «una auténtica burla a todos los gallegos», y ha esgrimido declaraciones de alcaldes nacionalistas de A Mariña quejándose de que la fábrica no fuese para esa zona. En la contrarréplica, la diputada nacionalista ha defendido que se cambió de posición «cuando se empezó a ver lo que había detrás de esa gran mentira» con 400.00 toneladas de pasta de celulosa.

También ha reprochado la diputada del Bloque que las negociaciones con Tailandia comenzaron en 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy «apoyaba entusiásticamente» el acuerdo. Pérez coincide en excluir el atún del acuerdo, pero se queja de la «hipocresía» de la industria conservera que mientras tanto fue «absolutamente proactiva a la hora de introducir mejillón foráneo y venderlo como gallego».

Mientras, Carlos López Font (PSdeG) ha dejado claro que los socialistas defienden la exclusión del atún del acuerdo de libre comercio con Tailandia, y aclara que no respaldaron el acuerdo impulsado por los populares por la «manipulación» para solo «poner deberes al Gobierno de España» y «exculpar a la Xunta».

Llama a la Xunta a hacer «presión» ante los comisarios europeos, al tiempo que critica que Villares hable de que el Gobierno central está «mudo y ciego cuando está defendiendo la posición del sector». Le reprocha «venir aquí a enfrentar al sector con los grupos políticos», lamenta.

En cambio, Miguel Fidalgo (PPdeG) advierte de que ese libre comercio «sería un golpe letal» para la industria gallega y española, con la previsión de que se firme antes de que termine este año.