La patronal gallega rechaza la aprobación el próximo martes –anunciada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz– del proyecto de ley sobre reducción de jornada laboral, por sus efectos «especialmente en territorios con menos dinamismo demográfico».

A través de un comunicado de prensa, la confederación de empresarios de Galicia (CEG) advierte de las consecuencias que tendrá en «un tejido empresarial mayoritario de pymes y micropymes con dificultades para cubrir vacantes» y precisa que esto afecta «especialmente en territorios con menos dinamismo demográfico».

De este modo se suma a la CEOE en su rechazo al anuncio de Yolanda Díaz de aprobar el próximo martes, 29 de abril, en la antesala del Primero de Mayo y «con evidente oportunismo político» el proyecto de ley sobre reducción de jornada laboral.

«De llegar a aprobarse, se trataría de un intervencionismo más del Gobierno y del ministerio en el diálogo social», critica la patronal gallega en un comunicado.

«NADIE PONE EN DUDA MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE JORNADA»

El presidente de la CEG, Juan Vieites, asegura que el momento actual «pasa por apostar por un marco laboral equilibrado, en el que las mejoras en derechos laborales vayan acompañadas de medidas que permitan a las empresas adaptarse progresivamente, con avances también de productividad sobre la base de la sostenibilidad del tejido productivo».

Vieites advierte que «el diálogo entre administraciones, sindicatos y organizaciones empresariales es fundamental para encontrar soluciones que garanticen tanto el bienestar de las personas trabajadoras como la competitividad de las empresas».

«El Gobierno no puede obviar la relevancia de la negociación colectiva en la mejora de las condiciones de trabajo, así como en la consecución de la paz social y evitación del conflicto laboral y en la articulación de medidas organizacionales y de flexibilidad para las empresas», añade.

En este sentido, afirma que «nadie pone en duda medidas de reducción de jornada, siempre que se realicen dentro de los consensos del diálogo social y del respeto a los convenios colectivos y sobre la base de la garantía de la sostenibilidad del tejido empresarial, teniendo en cuenta la evolución de la economía».

El anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión «no tiene en consideración dichos elementos ni el necesario respeto a la autonomía de la negociación colectiva, constitucionalizada en el art. 37 CE», asegura la patronal gallega.

Por otra parte, afirma que «la productividad es reducida en comparación con la de otras economías de referencia y socios europeos». Y a ello agrega la existencia de «un tejido empresarial mayoritario de pymes y micropymes con dificultades para cubrir vacantes, especialmente en territorios con menos dinamismo demográfico».

Vieites rechaza la medida y añade que «para modernizar el mercado laboral, mejorar el empleo y reforzar la competitividad es imprescindible que las medidas que se arbitren se hagan con sentido común, con un diálogo honesto, sin cambiar las reglas de juego a mitad de partido y teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y el respeto al papel clave que desempeñan las empresas, las personas autónomas y sus organizaciones en el crecimiento económico».