La dirección de Sargadelos tiene hasta después del verano para mejorar la seguridad en la fábrica de Cervo (Lugo), aunque el plazo será «flexible» para las obras que haya que acometer y que afecten al edificio, catalogado como bien de interés cultural (BIC).

Así se desprende de la reunión mantenida este martes entre la Inspección de Trabajo y representantes de los sindicatos CC.OO., UGT y CIG.

El encuentro se celebró en Lugo a petición de las organizaciones sindicales, que advierten que seguirán «vigilantes» después de la crisis en la que se vio inmersa la plantilla de Sargadelos por el pulso que el dueño de la compañía, Segismundo García, mantuvo durante una semana con la Inspección de Trabajo.

En concreto, ha sido el mismo inspector que acudió a las instalaciones de Cervo el primer día de cierre de la planta el que ha recibido esta jornada a los responsables sindicales –no fue él, sino una inspectora, con la que se mostró muy crítico García, la que abrió el expediente–.

«VIGILANTES»

«Lo que nos ha comunicado es que van a seguir vigilantes del expediente abierto de seguridad, sobre las 36 reformas que tienen que tomar para poder hacer seguro el puesto de trabajo», ha destacado el portavoz de CC.OO., José Antonio Zan, a la salida de la cita.

Este expediente tiene unos plazos «que siguen vigentes y únicamente se flexibilizará lo que tenga respecto a zonas BIC», asegura. La factoría está calificada como bien de interés cultural (BIC) y ahí «no depende del empresario» por lo que «tendrá flexibilidad para poder dar tiempo a la Xunta» y a la empresa «a adecuar estas zonas», ha trasladado Zan.

«Por el resto, esperemos que cuanto antes se adecuen estas instalaciones y puedan trabajar con seguridad los trabajadores; mucho mejor para todos y sobre todo para los trabajadores», ha resumido.

El expediente fue abierto después de detectar que dos trabajadoras han desarrollado silicosis en esta emblemática fábrica de cerámica de A Mariña de Lugo.

En declaraciones a Europa Press, este representante sindical ha precisado que, debido a la presencia de un elemento cancerígeno –el sílice–, es preciso que haya unas condiciones como la doble taquilla, el lavado de ropa, EPI y sistemas de extracción.

Precisamente esto último, la habilitación de un sistema de extracción, «puede implicar tocar la fachada» y en este extremo entraría en juego la declaración de la planta como BIC, comenta Zan.

Tanto Zan como Xorxe Caldeiro, el responsable de la CIG que ha acudido al encuentro con Inspección de Trabajo, afirman que el inspector les reconoció que desconoce el estudio de mejoras que contemplaba el acuerdo entre la Xunta y el empresario, un pacto que puso fin a la situación tildada de «esperpento» por los sindicatos y que mantuvo a los trabajadores a las puertas de la fábrica durante días.

De hecho, Caldeiro ha calificado este martes dicho acuerdo de «fantasmagórico», si bien se ha mostrado «confiado» en que habrá un cumplimiento «íntegro» de los plazos «para todas las reformas», que son «muy variados» pues «dependen del tipo de obra», pero son tiempos «estipulados por ley» y que ha ubicado en una horquilla de en torno a 3-6 meses.

En cuanto a la flexibilidad para las que afecten al BIC, este representante sindical ha señalado que «empezará a contar el plazo cuando exista autorización» por parte del departamento de Patrimonio de la Xunta.