Los grupos parlamentarios han instado, por unanimidad, a la Xunta de Galicia a demandar al Gobierno central una base permanente del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la Costa da Morte.
Así lo han demandado a través de una proposición no de ley presentada por el BNG en la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebrada este miércoles.
En el debate, el diputado del Bloque Óscar Insua ha sostenido que la costa gallega «está desprotegida» porque de las seis bases que hay, «acaban de desmantelar dos, Ribadeo y Muros». Además, ha añadido que la embarcación de Vilagarcía «está inoperativa».
«Esta Semana Santa igual es una buena fecha para que nos encontremos una noticia de algún narcosubmarino entrando en las costas gallegas», ha augurado antes de criticar tanto a los gobiernos del PP como del PSOE: «Ni unos saben traer ni otros saben pedir».
Asimismo, ha insistido en que la Costa da Morte está «totalmente desprotegida», por lo que ha animado a los grupos a apoyar la iniciativa del BNG para dotar de una base del Servicio de Vigilancia Aduanera a esta zona.
A continuación, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias, que ha apuntado que Galicia «sigue siendo la principal vía de entrada de droga», ha apelado a la «cooperación y lealtad institucional» y ha pedido reconocer «los grandes golpes al narcotráfico» en la Comunidad llevados a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Por su parte, la parlamentaria del PPdeG Paula Mouzo, que ha iniciado su intervención pidiendo a los grupos que tengan en cuenta la enmienda presentada por los populares, «mucho más completa y bien elaborada que la iniciativa del BNG», ha asegurado que coincide «en lo sustancial» en el asunto a tratar, pero cree que la propuesta del Bloque «no es lo ambiciosa que debería».
Sin embargo, el Bloque ha rechazado la enmienda de los populares, acusándolos de pretender «acaparar» su iniciativa ante «la falta de compromiso» con este servicio.
FINANCIAMIENTO LOCAL
Por otro lado, el PPdeG ha rechazado una propuesta del PSdeG en la que se pedía a la Xunta que emplee como procedimiento ordinario de concesión de subvenciones públicos a las entidades locales gallegas el procedimiento de concurrencia competitiva y se limite el uso de los convenios de concesión directa de subvenciones a municipios.
La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha tachado la política de subvenciones del Gobierno gallego a ayuntamientos de «poco transparente, discrecional» y que «no se planifica», además de denunciar un «abuso de los convenios» que, en su opinión, deberían ser «un procedimiento excepcional y no habitual».
«Hay una clara ineficiencia en la ejecución presupuestaria de la Xunta, después van de buenos gestores cuando un gobierno de recortes y de infrafinanciación», ha subrayado Iglesias.
Así, la parlamentaria socialista ha reclamado un financiamiento «justo, equitativo y eficiente» para los ayuntamientos y un trato «igualitario» por parte del Gobierno gallego «con independencia del color azul o rojo del partido que los gobierna».
En esta línea, el parlamentario del BNG Óscar Insua, que ha avanzado el voto favorable de los nacionalistas, ha vuelto a mencionar, a este respecto –al igual que en el pleno de la semana pasada–, el «método Baltar» por parte de la Xunta, criticando que «solo el 25% va al fondo de cooperación local y se reparte, presuntamente, con criterios objetivos». «El 75% se reparte a través de órdenes y convenios», ha censurado.
Por el contrario, el popular Argimiro Marnotes ha defendido que el sistema de subvenciones de la Xunta es «útil, necesario y estratégico», aunque ha apuntado que «puede ser mejorable».
PNL APROBADAS
Además, durante esta Comisión también se ha debatido una proposición no de ley del PPdeG, aprobada por unanimidad, en la que se insta a la Xunta a «seguir impulsando» la delegación por parte de los ayuntamientos de los procesos selectivos de acceso a los cuerpos de policía local y la selección de auxiliares de policía local unitarios en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), con el objetivo de garantizar una homogeneización de requisitos y capacitación similar en todo el territorio.
También se ha dado luz verde a otra propuesta del Grupo Parlamentario Popular, con el apoyo del BNG y el rechazo del PSdeG, en relación con una petición a la Xunta para instar al Ejecutivo central a solicitar financiamiento adicional para el mantenimiento de las oficinas de justicia en los ayuntamientos «como consecuencia del incremento de funciones por la entrada en vigor de la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia».
PNL RECHAZADAS
Por el contrario, el PPdeG ha rechazado dos proposiciones presentadas en la Comisión 1ª por la oposición. La primera, una PNL del PSdeG para instar a la Xunta a constituir de manera urgente un grupo de trabajo liderado por la Dirección Xeral de Xustiza para «tratar de preparar el sistema judicial gallego para la implantación y entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio».
Del mismo modo, los populares han votado en contra de otra propuesta del BNG en la que, entre otras cosas, se demandaba promover la comparecencia en esta misma Comisión de las personas coordinadoras del desarrollo en Galicia del Plan de Exhumaciones de víctimas de la represión franquista, que cofinancie este plan y que «lo saque de la clandestinidad».
En el marco de este debate, el diputado del BNG Luís Bará ha acusado a los populares de «militar en la antimemoria» y de «despreciar a las víctimas», así como de presumir «no gastar un euro en memoria histórica».
Así, mientras la parlamentaria del PSdeG Paloma Castro ha manifestado que es «esencial» la «colaboración activa» de la Xunta para que en Galicia «se cumplan los fines pretendidos por la ley de Memoria Democrática, el diputado del PPdeG, José Luis Ferro, ha defendido que el Gobierno gallego «sí está presente» en esta materia y ha señalado que los populares no ven oportuno que comparezcan los coordinadores del Plan, ya que «sus tareas son evaluadas por la memoria anual».
