Las personas refugiadas y sus familias son «aún más vulnerables» ante problemas «estructurales» como la falta de asequibilidad de la vivienda o las dificultades de acceso al mercado laboral y su precarización.

Así se desprende del estudio ‘Una casa como refugio: Itinerarios residenciales de las personas solicitantes de protección internacional en Madrid y Vigo’, que ha sido presentado este viernes en la ciudad olívica por la Asociación Provivienda.

En este sentido, los resultados de dicho análisis señalan que ante esta situación, los refugiados experimentan un «reto añadido», en algunos casos por carecer de competencias idiomáticas o por no tener una red familiar de apoyo comparables al resto de la población.

De esta manera, Provivienda ha explicado que «si bien las primeras fases del sistema de acogida responden a las necesidades de las personas alojadas», los problemas comienzan a presentarse en la segunda fase. «Conforme las personas refugiadas ganan autonomía, pierden calidad de vida», ha lamentado.

«Procesos como un cambio de vivienda o de barrio pueden ser desestabilizadores para los logros y redes que la persona haya podido generar. Si queremos que el derecho de asilo y refugio sea un compromiso asumido por toda la sociedad, necesitamos que la ciudadanía se comprometa a construir un entorno de acogida e inclusión, sin permitir la existencia de prejuicios o de procesos de exclusión», ha reivindicado dicha ONG, que en 2018 acogió en Vigo a ocho varones de entre 18 y 32 años, de nacionalidad nigeriana, que viajaban a bordo del buque ‘Aquiarius’.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones que propone la asociación se encuentra la de llevar a cabo una Política de Vivienda Asequible que «abarque desde la integralidad los problemas de vivienda estructurales que afectan en mayor medida a la población vulnerable como las familias refugiadas».

«También debe abordarse una mayor personalización y flexibilidad en el sistema de acogida e integración de las personas refugiadas, que permitan adaptar los apoyos a las necesidades de cada persona-familia así como tener un efecto de contrapeso ante las barreras estructurales», ha subrayado Provivienda.

En otro orden de cosas, han solicitado una mejora en el desempeño del Sistema de Protección Internacional, centrándose en «avanzar en una mayor coordinación legal y administrativa en lo relativo a la documentación de las personas solicitantes», para así «garantizar el acceso a derechos reconocidos como el empleo, la vivienda, la educación o la salud».