La Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno ha aprobado este martes la creación de un Grupo de Trabajo para el seguimiento y coordinación del real decreto-ley sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas.
Según han informado desde el Ministerio de Política Territorial y memoria Democrática, el Grupo de Trabajo será el que coordine los trabajos de la Comisión Interministerial para solicitar a las comunidades autónomas la presentación de los datos sobre los recursos autonómicos de acogida, capacidad y ocupación de plazas por parte de menores migrantes no acompañados. También pedirá la aclaración de los datos que ya hayan sido presentados.
Asimismo, en la Comisión Interministerial, que se ha celebrado este martes, también se ha dado cuenta de la reunión que se celebró el pasado jueves con el presidente de Canarias para abordar la acogida de los menores solicitantes de protección internacional.
El Grupo de Trabajo estará presidido por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y lo conformarán las personas titulares de las subsecretarías de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Política Territorial y Memoria Democrática; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.
Además, son vocales del grupo las personas titulares de la Abogacía del Estado, de la Dirección de Régimen Jurídico Autonómico y Local, y de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia. La secretaría la desempeñará la persona funcionaria del Ministerio de Infancia y Juventud designada por la presidencia de la Comisión Interministerial.
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves 10 de abril el real decreto-ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería al objeto de establecer la obligatoriedad del reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas cuando haya saturación, y que es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts.
En concreto, se trata del real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
