El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha trasladado su «preocupación» tras el anuncio del administrador único del grupo Sargadelos, Segismundo García, de proceder al cierre de la planta de producción de la emblemática factoría en Cervo (Lugo). «Espero que la Xunta no lo permita», ha manifestado.

Tomé se ha pronunciado de este modo en un comunicado remitido a los medios después de que Segismundo García comunicase a la carta a Inspección de Trabajo y Seguridad Social que «con fecha de hoy mismo» se procede al cierre «ante la imposibilidad de resolver en plazo las deficiencias» que habían sido detectadas.

Al respecto, Tomé ha recordado que «no puede haber un cierre patronal sin autorización de la autoridad laboral» y ha señalado que sería «una pérdida de un referente industrial y cultural de Galicia».

El presidente provincial ha sostenido que, para cesar la actividad, la empresa debería presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que debe ser autorizado por la Xunta o, en su defecto, acreditar pérdidas económicas durante varios ejercicios consecutivos.

José Tomé considera que este anuncio podría ser «una medida de presión del propietario frente a la Xunta» y ha instado al Gobierno gallego a «actuar con firmeza». «Espero que la Xunta esté a la altura de las circunstancias y no permita el cierre, porque el cierre patronal está prohibido por ley», ha incidido.

En sus palabras, el mandatario provincial señala que Sargaderlos «es algo más que una empresa» y «forma parte del patrimonio industrial y cultural de todos los lucenses y de todos los gallegos». Por eso, considera imprescindible buscar soluciones que garanticen la continuidad de la actividad y de los puesto de trabajo.

Asimismo, se ha referido a las 36 deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo y conocidas esto días como «muchas», advirtiendo de que este historial podrían implicar responsabilidades judiciales para la dirección de la empresa.

La Diputación de Lugo seguirá atenta a la evolución de la situación y hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes implicadas para evitar la pérdida de un «referente histórico» y «económico» para la provincia de Lugo y de Galicia.