La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha solicitado al Gobierno central, en representación de las 11 autonomías en las que gobierna el PP, que aporte «el 50% de la financiación» de dependencia, según le corresponde «por ley».

En declaraciones previas a la reunión en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Ayuda a la Dependencia entre los consejeros responsables del ramo con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, Dávila ha criticado que la reforma de la ley de dependencia aprobada por el Consejo de Ministros a mediados de febrero «no tiene contenido económico ni aportaciones para agilizar los plazos de acceso a la dependencia».

«Vamos a seguir pidiendo una financiación justa, del 50% al menos. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid solamente se alcanzó el año pasado el 27%», ha esgrimido Dávila, en una partida que sí que ha aumentado respecto a años anteriores, pero que sigue lejos de lo prometido por el Ejecutivo central.

Preguntada por los recortes del PP en el sistema de dependencia durante el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy, Dávila ha respondido que «desde que gobierna Pedro Sánchez, hace seis años, ha aportado cero euros adicionales a la dependencia».

«Estamos aquí para hablar de las familias y de una ley que solo va a generar frustración en ellas porque incorpora nuevas prestaciones que no va a financiar el Gobierno», ha lanzado Dávila.

Además, la consejera de Asuntos Sociales ha defendido que son las comunidades autónomas las que están aportando «más dinero» porque tienen cada vez «más personas que atender».

En representación de Baleares, la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha participado en el encuentro y ha reivindicado la necesidad de acompañar los cambios legislativos de una memoria económica. «Nos encontramos con una ley de dependencia de 2006 que está infradotada. Del 50 por ciento que nos tendría que llegar del Ministerio, a Baleares sólo nos llega un 25%», ha señalado Cirer. La consellera ha añadido que son las propias comunidades autónomas las que tienen que suplir las carencias de esta financiación.

Respecto a la modificación legislativa, Cirer ha valorado positivamente las mejoras que se proponen «puesto que está claro que la sociedad y sus necesidades han cambiado desde el año 2006». La responsable de Familias y Asuntos Sociales ha insistido en la necesidad una cuantificación económica que permita desarrollar las medidas y que no se generen «falsas expectativas a las personas con servicios que no se podrán prestar».

En este sentido, Cirer ha pedido al Gobierno de España que «no se excuse con una prórroga presupuestaria para no destinar más recursos a las comunidades autónomas en materia de dependencia».