La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha agradecido este jueves en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia la «buena voluntad» del Ministerio de Derechos Sociales con la dependencia, pero ha lamentado que «la voluntad no sostiene el sistema de atención a la dependencia».

Tal y como ha trasladado la Xunta, la conselleira ha vuelto a exigir al Ejecutivo central que cumpla la normativa y aporte el 50% de la inversión en esta materia.

También ha reclamado que la modificación de la ley de dependencia vaya acompañada de un estudio completo de los costes y del financiamiento necesario para poder cubrirlos.

Tras asistir al Pleno, Fabiola García ha hecho hincapié en que «una vez más», la respuesta del Gobierno central ante la dependencia «es el infrafinanciamiento», algo que, ha añadido, «reconoce en la propia memoria de la ley».

En este sentido, la conselleira ha destacado que «sin abordar el financiamiento no es posible un avance real en el sistema de atención a la dependencia» y ha puesto como ejemplo el caso de Galicia, en el que, ha insistido, las ayudas al sistema de atención a la dependencia por parte del Gobierno central «se reducen de un año a otro», al pasar «del 40% en 2023 al 34,9% en 2024», lo que provoca que «la deuda acumulada con Galicia en esta materia supere los 2.500 millones de euros».

En esta línea, ha explicado que esta situación «se ve agravada por la falta de Presupuestos Generales del Estado y por la dificultad para encontrar profesionales».

MODIFICACIÓN LEY DE DEPENDENCIA

Asimismo, la Xunta ha detallado que el Gobierno central ha ofrecido información sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Dependencia. Una normativa que, según ha destacado la conselleira, presenta como novedades cuestiones que ya estaban vigentes desde julio de 2023, como la teleasistencia universal o la compatibilidad de servicios.

Además, ha subrayado que el texto incluye la reforma del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que se amplía a actividades fuera del domicilio «sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que lo financian mayoritariamente, ni a los ayuntamientos, que son los encargados de gestionarlo».

Por otra parte, en el marco de este Pleno, Fabiola García también ha solicitado la actualización y mejora del baremo de la dependencia «que se marca a nivel estatal» y que, en su opinión, «está obsoleto». En este sentido, ha pedido que se establezca que el envejecimiento de la población y la dispersión tengan un mayor peso en los criterios generales de financiamiento, cuestiones que ha definido como «claves para Galicia».

Por último, la titular de Política Social ha alertado de que el Gobierno central «corre el riesgo de repetir con la Ley ELA el mismo error que con la dependencia»: «Entró en vigor el pasado mes de noviembre y continúa sin financiamiento». Sobre esto, ha incidido en que «no se pueden reconocer derechos si esto no va acompañado de fondos».