La Guardia Civil investiga a tres personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores, por la contratación de temporeros de origen africano en situación irregular, para trabajar en una explotación agrícola de la provincia de Lugo.

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, la investigación, bautizada como Operación Anavia, ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de A Coruña, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Lugo, y se inició tras recibir una alerta sobre la presencia de un grupo numeroso de personas de origen africano alojadas en un antiguo hotel de Ordes (A Coruña), establecimiento que carece actualmente de licencia de hostelería.

Una residente del inmueble avisó a la Guardia Civil y cuando los agentes acudieron comprobaron que esas personas estaban desorientadas y no sabían a dónde dirigirse. Tras entrevistarse con ellos, con la colaboración de los servicios sociales, se logró reubicarlos y se inició una investigación para conocer los motivos de su llegada a Galicia.

Esas pesquisas permitieron comprobar que los migrantes, en situación irregular, habían viajado desde el sur de España, principalmente desde Granada, con la promesa de que trabajarían en una explotación agrícola de Lugo. Una vez en Galicia eran distribuidos en distintos inmuebles de varias localidades, donde debían pagar un importe diario por el alojamiento, además de pagar el transporte diario hasta la finca donde trabajaban.

INSPECCIÓN EN LA FINCA

La Guardia Civil localizó la finca, una de las más extensas de la provincia, y planificó un operativo conjunto con la participación de la ITSS de Lugo, agentes de Policía Judicial de A Coruña y efectivos de la Comandancia de Lugo.

En esa inspección fueron localizados 92 temporeros, de los cuales 82 eran ciudadanos extranjeros en situación irregular, sin permiso de residencia ni de trabajo.

ENTRAMADO EMPRESARIAL

La investigación permitió identificar un entramado empresarial que facilitaba la contratación irregular de los temporeros. Las empresas responsables de la explotación subcontrataban a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) con domicilio en Sevilla, que daba de alta ficticia a un número reducido de trabajadores en situación regular, mientras empleaba sin contrato al resto de los temporeros.

Como resultado de la operación, se investigó a tres personas responsables de varias empresas supuestamente implicadas en estos hechos, que fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción 2 de Vilalba (Lugo).