El Ayuntamiento de Lugo iniciará este miércoles el proceso para que la zona de O Garañón pase a ser una gran zona verde, lo que implica la modificación puntual del plan general de ordenación urbanística.

El proyecto incluye una extensión total de 10.950 metros cuadrados en el URPI-58, en los que también se incluirá una pequeña extensión destinada a viales y otra a equipaciones púbicas para suministro de agua y electricidad. Quedarán, por tanto, para zona verde un total de 8.178 metros cuadrados.

Esta gran finca abarca desde la calle Doutor García Portela hasta la Avenida República Argentina, dando continuidad a las Cuestas del Parque.

Como explicó la alcaldesa, Paula Alvarellos, el objetivo es «proteger este espacio y que todas y todos los lucenses puedan disfrutar un área recreativa y de esparcimiento en pleno corazón de la trama urbana».

Ha recalcado que se unirá a otras zonas verdes para «mejorar la conexión de las cercanías del casco histórico con el entrono del río Miño a través de un corredor verde, consolidando así el modelo de ciudad» que persigue el gobierno local.

El proceso se inicia con su aprobación en la junta de gobierno local de este miércoles, pero ya cuenta con la perceptiva evaluación ambiental favorable por parte de la Xunta de Galicia y, asimismo, fue informada por diversos servicios técnicos municipales.

Después deberá ser llevada a pleno y pasar por el consiguiente proceso de información pública antes de entrar en la última fase, que consistirá en la recopilación de informes sectoriales para su aprobación definitiva también en sesión plenaria del consistorio.

Las dos torres del Garañón fueron derribadas finalmente en 2023 después de un largo proceso judicial que se inició con la protesta de los vecinos de la zona del parque, ya que la construcción rompía la fisionomía de este barrio, situado en un balcón natural sobre el río Miño.

Estas torres fueron declaradas ilegales en 2011, después de que la jueza Pilar de Lara mandara parar la obra el año anterior para investigar un supuesto delito prevaricación urbanística que finalmente fue archivado.

El promotor de la obra y el Banco Santander, su principal acreedor, lucharon hasta el último momento por dar continuidad a la obra o, en su caso, recibir una indemnización, sin que lograran ninguno de los dos objetivos.