El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, han presidido este jueves la reunión de la Comisión Mixta de Justicia, en la que han abordado la implantación de la nueva oficina judicial en el marco de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia aprobada por el Gobierno central el pasado 3 de enero.

En la reunión, de la que ha informado el departamento que dirige Diego Calvo en un comunicado, se ha evaluado el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo en Galicia que, entre otras adaptaciones, supondrá actualizar los modelos de referencia de las oficinas judiciales, su reglamento y protocolos locales de actuación, elaborar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo en consenso con las organizaciones sindicales.

También motivará la asignación de personal a los puestos de trabajo correspondientes a la nueva organización, la adecuación de las instalaciones y la dotación de aplicaciones informáticas, el acondicionamiento de los archivos físicos y virtuales de expedientes y la ejecución de planes de comunicación e información a las partes interesadas.

Por eso, la Xunta ha señalado que lamenta la falta de un análisis del coste inicial de esta implantación.

Al respecto, el conselleiro de Xustiza ha censurado que las nuevas normativas estatales del Gobierno central no vengan acompañadas de los presupuestos necesarios y se cargue en las comunidades con competencias en justicia como Galicia el coste de la reforma.

De todas formas, el Gobierno gallego ha destacado que ya está trabajando para desarrollar la oficina judicial como se expuso en la reunión de este jueves, con el objetivo de cumplir con lo que se demanda en la ley.

CAMBIOS

Así, los juzgados unipersonales cambian de nombre y pasan a llamarse tribunales de instancia y los juzgados de paz serán oficinas de justicia. En este último caso, se modifica también su estructura, ya que las oficinas judiciales colaboran con los tribunales de instancia del partido judicial al que pertenecen.

La medida tendría que aplicarse antes de 1 de julio en la mayoría de los órganos de los 38 partidos judiciales, excepto en los de las ciudades y capitales que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre.

Respeto a la nueva normativa estatal, se ha analziado, además, como regula el teletrabajo en el ámbito de la Administración de Justicia y la acomodación de las secciones de Violencia sobre la Mujer a las nuevas competencias atribuidas por la ley que establece que estos juzgados asuman todas las formas de violencia contra la mujer, lo que supondría, como mínimo, un incremento de un 9% en la carga de trabajo.

La orden del día de este jueves recoge, por otra parte, la creación de más de una veintena de plazas de funcionarios de la Administración de Justicia en los juzgados actuales, toda vez que con la reforma legislativa los registros civiles contarán con por lo menos tres funcionarios que desempeñarán tareas en estas oficinas y también en la oficina judicial y que los destinados a los juzgados de paz con funcionarios de justicia -ahora oficinas de justicia- van a realizar la tramitación procesal en los tribunales de instancia de la cabecera del partido judicial.

En esta línea, la Xunta ha recordado que sus presupuestos cuentan con otra partida de 850.000 euros en gastos de personal de más de una veintena de funcionarios -gestores procesales, tramitadores y auxilios- previstos para tres unidades que, de media, concede el Gobierno central cada año.

Sin embargo, como ha apuntado Diego Calvo, este año no ha sido posible arrancar con nuevas unidades judiciales debido a la falta de presupuestos estatales. Por lo tanto, no se ha podido materializar la petición trasladada el año pasado en la Comisión Mixta de Justicia para que Ejecutivo estatal le dé prioridad a la puesta en marcha de un juzgado de Violencia sobre la Mujer en el partido judicial de Santiago de Compostela, que se sume a los operativos en las ciudades de A Coruña y Vigo, una propuesta que había sido desatendida ya en el ejercicio anterior.

MEJORAS EN JUZGADOS

Además, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes ha informado de las mejoras previstas por la Xunta en los juzgados gallegos, por ejemplo, la inversión de más de 80.000 euros en la instalación de casi medio centenar de desfibriladores en edificios judiciales hasta 2026.

También se prevé continuar con la renovación de mobiliario de las sedes judiciales, las mejoras en las salas Gesell, la dotación de salas de declaraciones y videoconferencias, así como la reforma de las salas de detención en A Coruña o Ferrol.

Por otra parte, la Xunta reserva para este 2025 unos 5,6 millones de euros a proyectos de eficiencia energética en una decena de edificios judiciales y, del mismo modo, apuesta por la digitalización de la justicia dando continuidad al Plan Senda.