Las comunidades que preside el PP consideran que el planteamiento que ha hecho el Gobierno en la Conferencia de Presidentes de negociar la condonación de la deuda de las autonomías es un parche y han llegado a calificarlo como «chantaje». A su juicio, lo necesario es que se reforme el sistema de financiación autonómica, y han criticado que desde el Ejecutivo se negocie por separado con Cataluña.

De esta forma han reaccionado los ‘barones populares’ al anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reunir en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la quita de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto a perdonar «la deuda billonaria»: «El conchabeo me parece profundamente injusto y proporcionalmente una locura».

Ayuso ha incidido durante la reunión en que los que más están aportando y que no se están endeudando no tienen por qué asumir «que se regala todo».

De su lado, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha tachado de «parche» la «supuesta quita de deuda» de las comunidades autónomas de régimen común, a la vez que ha reclamado «claridad».

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sido quien ha utilizado el término «chantaje», además del de «caramelo envenenado», para referirse a la propuesta del Gobierno.

López Miras ha criticado así que Moncloa solo haya mostrado intención de hablar de quita de la deuda, pero no de una profunda reforma del modelo de financiación.

CHANTAJE, PARCHE… Y CEBO

Igualmente, la presidenta cántabra y anfitriona de la cumbre, María José Sáenz de Buruaga, «no es más que un parche» y un «cebo», pero no «la solución» al problema de la financiación.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la quita de la deuda asegurando que «ese no es el problema» y que sería «perdonar» lo generado por los «separatistas».

Y algunos de ellos, como la madrileña Ayuso o el andaluz Moreno, han abogado por que si se termina perdonando deuda a las autonomías, la Comunidad Valenciana tenga preferencia por la situación que atraviesa tras la DANA de finales de octubre.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha indicado al respecto que el caso de su región es «excepcional» y que «para cupos, para excepcionalidades, para bilateralidades y para casos únicos, el valenciano».

MÁS RECURSOS PARA MIGRACIÓN

Por otra parte, el foro multilateral ha servido para que comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos alerten de que están saturados por la llegada de migrantes y reclamen más recursos para responder a la situación.

El presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria y que desde hace meses reclama un acuerdo para el reparto de menores migrantes que tampoco se ha producido en la capital cántabra, ha recalcado que tanto las islas como Ceuta necesitan «poder atender dignamente» a quienes llegan a sus costas y no sobresaturar más a los territorios frontera.

De su lado, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha manifestado que Euskadi debe ser considerada «frontera norte» y contar con una mayor dotación de recursos para atender con dignidad a las personas en tránsito.

El ‘popular’ Alfonso Rueda, presidente de Galicia, ha asegurado que la capacidad de su comunidad para acoger está «colmatada» y «completa», por lo que ha reclamado al Gobierno central más fondos estatales y una mayor planificación en su reparto.

También del PP, la presidenta balear, Marga Prohens, ha expresado que Baleares no está «ante el drama humanitario de Canarias», pero que los más de 5.000 migrantes que han llegado este año a sus costas han «colapsado» los servicios y recursos de la comunidad.

A su vez, Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, del PP, ha expuesto que la situación de la ciudad autónoma con la acogida de migrantes es «insostenible» y ha advertido de que «ya no puede seguir atendiendo el gasto derivado de la sobreocupación que viene soportando».

Y la socialista María Chivite, presidenta de Navarra, ha enfatizado que la comunidad foral se encuentra «prácticamente al límite» de su capacidad en materia de acogida de menores migrantes no acompañados y ha hecho un llamamiento a la «solidaridad obligatoria».