El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha firmado con el presidente del Consello da Avogacía Galega, Francisco Rabuñal, la renovación del convenio para compensar económicamente a los letrados designados en virtud de requerimiento judicial cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho de asistencia gratuita. A través del acuerdo, la Xunta abonará hasta 200.000 euros para darle cobertura a los gastos justificados según el convenio.
Tal y como ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el objetivo es compensar las asistencias letradas realizadas por abogados en Galicia por requerimiento judicial en un procedimiento penitenciario cuando los defendidos, sean personas físicas o jurídicas, reúnan ciertos requisitos.
Entre ellos, figuran haber denegado el derecho de asistencia jurídica gratuita por diferentes causas, desde defectos de forma en la solicitud –falta de firma del interesado o por no acercar la documentación requerida por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita– hasta carecer de recursos o de patrimonio para hacer frente a los costes.
Como novedad, se reduce la tramitación en el pago evitando la reclamación judicial o extrajudicial en los casos en los que la persona beneficiaria es aparentemente insolvente y sustituyéndola por una declaración responsable del profesional designado.
Otra de las novedades es la inclusión en los pagos del concepto de solicitud de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable a una persona con discapacidad, con independencia de su capacidad económica.
Según ha destacado la Xunta, el convenio pretende así «dar respuesta a varias de las demandas del turno de oficio y amplía las mejoras introducidas en el acuerdo entre la Xunta y el Consello da Avogacía Galega para la aclaración e inclusión de nuevos conceptos del baremo aprobado en 2021».
