El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha dicho sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que el Ministerio trabaja en un real decreto, un reglamento de desarrollo que «intente regularizar la situación» y primar el uso residencial sobre el turístico.
Además, ha invitado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a que «tomen parte en estas propuestas, que sean proactivos para intentar evitar lo que, sin duda, está siendo un problema en todas nuestras ciudades y un problema que además va en detrimento de las viviendas necesarias para los ciudadanos de este país».
David Lucas ha dejado claro que en el Ministerio no quiere que haya, en detrimento del alquiler residencial, un avance de los pisos turísticos que, además, provocan «mucho malestar, muchos problemas convivenciales con las comunidades de propietarios y con los ciudadanos», por lo que está intentando que el alquiler residencial habitual sea el predominante en las ciudades españolas.
«Vamos a intentar trabajar –ha agregado– para evitar esa fuga, para evitar también que se utilice el piso turístico o el alquiler de temporada en detrimento de este alquiler residencial».
Lucas ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar la IV reunión del Foro Local para la Agenda Urbana, a la que ha asistido en ‘streaming’ por estar en Valencia, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y de forma presencial la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha ejercido de anfitriona.
Sobre este foro, ha informado de que se realiza de forma conjunta entre el Ministerio y la FEMP para avanzar en proyectos compartidos de desarrollo de planes de la Agenda Urbana. Son más de 200 municipios los que tienen estos planes, abarcan a 27 millones de ciudadanos, más del 50% de la población española, y se intenta hacer urbes más sostenibles, más eficientes, con más empleo y con mayor calidad residencial.
Para ello, se han habilitado recursos propios del Ministerio y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Europeos, que suman más de 4.500 millones para regeneración y rehabilitación urbana y construcción de vivienda asequible y social en alquiler.
«SOLO EL 10%»
La presidenta de la FEMP ha comentado que «solamente el 10%» de los ayuntamientos españoles tienen un problema de «desbordamiento» con la recepción de turismo. «Es importante que no se lance un mensaje negativo en relación con el turismo y la mayoría de los ayuntamientos españoles tenemos la posibilidad, es el momento oportuno, de adoptar medidas que permitan conciliar o equilibrar la llegada del turismo con la garantía de la prestación de los servicios a los ciudadanos», ha indicado.
Como alcaldesa de Jerez de la Frontera, ha asegurado que no hay un problema con las VUT porque «es muy baja densidad de vivienda turística», pero ha reconocido que «hay que tomar decisiones y este es el momento», por lo que desde la FEMP se trabaja en hacer una propuesta que permita que las comunidades autónomas y el Gobierno de España de «alguna manera articulen un marco regulatorio al que se puedan acoger los ayuntamientos».
Tras precisar que cada territorio tiene sus peculiaridades, ha pedido que los marcos regulatorios «sean lo suficientemente flexibles para que luego desde la autonomía local tenga capacidad para aplicarlas a la realidad de nuestros territorios».
La presidenta de la FEMP ha definido la vivienda asequible como la «la que quiere acceder cualquier persona con una renta media o con una renta baja, es decir, para la gente que se merece tener una vivienda, a la que hay que garantizarle el derecho al acceso a una vivienda». A su parecer, hay una ley de vivienda que «impide acceder a una vivienda accesible, se ha convertido en un tapón en vez de en un alivio, para poder construir viviendas a precio asequible y, encima, ha provocado el crecimiento de los alquileres».
PETICIÓN A SÁNCHEZ
Ha apremiado a una financiación justa de los ayuntamientos y que puedan acceder de forma directa a fondos europeos. Así, el próximo lunes en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le trasladará la petición unánime de la Junta de Gobierno de la FEMP de una «financiación adecuada para prestar servicios eficientes y de calidad a los ciudadanos».
Ha arremetido contra la «imposición» del Gobierno de España que «obliga» a los ayuntamientos a aprobar una tasa de recogida, transporte y reciclaje de residuos orgánicos, que supondrá que todos los españoles paguen de media algo más de 170 euros anuales.
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Contenido multimedia:
Audio: El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas
Duración: 01:00
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Audio: La presidenta de la FEMP, María José García Pelayo
Duración: 00:40
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Audio: La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca
Duración: 00:49
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