Los ayuntamientos afectados por el paso de la AP-9 han acordado asociarse para reivindicar sus «derechos» tras «50 años de agravios», según informan tras una reunión convocada por el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes.

La cita tuvo lugar hoy en la casa consistorial abegondesa, con la participación de un total de 22 ayuntamientos. Acudieron Abegondo, Ames, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Coruña, Ferrol, Mesía, Miño, Mos, Narón, Neda, Oleiros, Ordes, Oroso, Paderne, Padrón, Pontedeume, Portas, Teo y Valga. Estaban confirmados, pero finalmente no pudieron asistir Culleredo y Pontecesures.

Los ayuntamientos decidieron constituirse en asociación de afectados. El trabajo empezará con la redacción de los estatutos, que tendrán que ser aprobados por cada ayuntamiento integrante. Se trasladará esta posibilidad al resto de municipios por los que pasa la AP-9 «aunque hoy no acudiesen por si quieren sumarse», precisan.

Todo ello para trabajar en tres frentes, «En primer lugar se buscará el cobro de atrasos del IBI, que corresponden a los últimos cuatro meses del año 2023, desde que en agosto finalizó la exención del 95% que la concesionaria tenía por una ley de la época franquista», señalan.

ATRASOS

«Las administraciones recaudatorias, que en la mayoría de los casos son las diputaciones, aplicaron el cobro del 100% solo desde enero del 2024 al considerar que el devengo se realiza por año natural».

«Pero tomando como base que el Ayuntamiento de Valga acaba de lograr cobrar también esos cuatro meses últimos de 2023 solicitándolo de forma individual, se tratará de pedir lo mismo», exponen.

Así, el alcalde de Pontedeume y miembro del gobierno provincial de A Coruña, Bernardo Fernández, avanzó que se estudiará esta reclamación. «Se calcula que el 95% no cobrado de esos cuatro meses a nivel Galicia supondría una cifra de 2,2 millones», avanzan también.

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

En segundo lugar, la asociación defenderá ante el Catastro la actualización catastral de las infraestructuras de la AP-9. La última data de 2007.

«Si la mayoría de los ciudadanos experimentó una actualización de sus propiedades, también es justo que se extienda a la autopista», exponen. Esto, añaden, «redundaría en un incremento de la cuantía del IBI».

En tercer lugar, los ayuntamientos explorarán la vía de petición de bonificaciones a sus ciudadanos por el uso de la AP-9. Servirán de ejemplo otros casos, como el de Navarra, que está establecida, precisan, a las personas empadronadas. Con esta acción, los ayuntamientos «queremos hacer fuerza conjunta», resume Santiso.