El sindicato CIG ha celebrado que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa haya admitido una reclamación suya contra el Gobierno de España por la insuficiencia del salario mínimo interprofesional (SMI), según ha informado este martes el organismo con sede en Estrasburgo.
En concreto, la CIG alegaba en dicha reclamación, registrada en junio del año pasado, que la cuantía en España del SMI de 2023, entonces de 1.080 euros al mes por catorce pagas y ahora de 1.134 euros, vulneraba el artículo 4.1 de la Carta Social Europea por «no garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias».
Por su parte, el Gobierno de España pidió al Comité que declarara la queja «inadmisible» por carecer la organización sindical CIG de legitimación al representar únicamente los intereses de los trabajadores de una única región, la de Galicia, y no la totalidad de España, de forma que no puede ser considerada como un sindicato nacional representativo, tal como exige la normativa.
Al respecto, en un comunicado remitido a los medios, el sindicato ha valorado «muy positivamente» que en este caso que calificada de la «CIG contra España», el Comité europeo «tire por tierra el intento del Estado español de negar los derechos» que tiene como «sindicato más representantivo» en Galicia.
Así, el secretario xeral de la organización, Paulo Carril, que recuerda que esa representatividad tiene «efectos en igualdad de condiciones para el conjunto del Estado español que UGT y CCOO».
En este sentido, Carril señala que, por eso, la CIG está en todos los organismos tripartidos a nivel del Estado español y forma parte de la delegación permanente de España en la OIT, incluso participando todos los años en las conferencias generales en Ginebra.
Además, tacha el intento del Gobierno de excluir a la CIG como «antidemocrático» por pretender negar su representatividad y, por lo tanto, «la de todos los trabajadores y trabajadoras que han otorgado a la CIG, primer sindicato en Galicia, su confianza».
También señala que el reconocimiento directo de la CIG por parte de un organismo internacional del Consejo de Europea es un aval importante para el principio de autoorganización del pueblo gallego y un «serio correctivo» para el Gobierno español, que «quiso hacer callar la voz del sindicalismo nacionalista».
