La Xunta, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) y el sector pesquero han acordado solicitar al Instituto Español de Oceanografía la remisión de los últimos informes sobre el impacto de los parques de eólica marina sobre los ecosistemas de las zonas afectadas por los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).
Así lo ha trasladado el Gobierno gallego tras la reunión en la tarde de este lunes en Santiago del Observatorio da Eólica Mariña, que ha estado encabezada por los conselleiros de Economía, María Jesús Lorenzana, y Mar, Alfonso Villares, como recoge un comunicado enviado por la Xunta después del encuentro.
En él, los tres agentes representados han decidido reclamar los últimos avances científicos sobre las consecuencias de los ecosistemas marinos de los parques eólicos ‘off-shore’ que se contemplan en el desarrollo de los POEM.
Tanto la resposnable del área económica como el de la de Mar en el Gobierno gallego han subrayado el apoyo de San Caetano a la eólica marina en Galicia siempre que existan «garantías de coexistencia y compatibilidad con el medio marino y la actividad pesquera».
«Galicia puede ser un referente en generación y logística industrial de esta tecnología», ha aseverado Lorenzana, que ha destacado la ley gallega de recursos naturales y la comercializadora anunciada hace una semana por la Xunta como mecanismos para «aprovechar» la energía que se genere en estos parques.
Por su parte, Villares ha abogado por definir las áreas afectadas en el impulso a este tipo de proyectos para identificar «capacidades socioeconómicas» de las áreas próximas y así «consolidar la cadena de valor asociada al sector».
CRÍTICAS AL GOBIERNO
La Xunta dirige sus críticas al Gobierno central, al que acusan de «discriminar» a Galicia al «no atender» las alegaciones presentadas por el Observatorio da Eólica Mariña al real decreto que regula la producción de energía eólica ‘off-shore’.
En este sentido, Lorenzana ha recordado que estas alegaciones presentadas de forma «consensuada» desde Galicia abogan por que los criterios no económicos de evaluacion representen el 50% «como mínimo», que el diálogo público-privado «fuese obligatorio» o que existan medidas compensatorias para el sector pesquero.
La conselleira ha subrayado en que estas cuestiones están recogidas en la ley gallega de Recursos Naturales, que encara su última fase de tramitación parlamentaria.
«Pedíamos que ese real decreto se adaptase a lo que estamos haciendo nosotros en la ley de recursos, es decir, que tuviesen más peso los criterios sociales en las adjudicaciones de las pujas y que se reflejasen de forma concreta compensaciones económicas o de otro tipo que va a tener el sector pesquero», ha incidido.
«Estamos usando una política energética social, esta es la base que está en la ley de recursos naturales y de la nueva comercializadora, transformar el aprovechamiento de los recursos naturales en una riqueza social», ha concluido la responsable de Economía en el Gobierno gallego.
