La Xunta ha asegurado que «todas» las alegaciones presentadas al proyecto de Altri serán tenidas en cuenta a pesar de que la «inmensa mayoría» son iguales al corresponder a «modelos preestablecidos» en los que las personas alegantes «se limitaban a cubrir su nombre, dirección y firma».

Así lo han trasladado fuentes del Gobierno gallego en una respuesta facilitada a Europa Press tras la denuncia de las plataformas Ulloa Viva y Defensa da Ría de Arousa, que este lunes denunciaron una «maniobra antidemocrática» por parte de la Xunta con el objetivo de «eliminar» parte de las «históricas» 23.000 alegaciones que colectivos y particulares presentaron a principios de año contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Estas fuentes subrayan que la Administración autonómica «está cumpliendo estrictamente» la normativa de participación pública y transparencia y que las casi 24.000 alegaciones presentadas al proyecto serán tenidas en cuenta «independientemente de que se les reconozca o no la condición de interesado».

Y es que la Xunta asegura que la «inmensa mayoría» de los alegantes que solicitaron ser considerados como parte interesada –lo que otorga mayor capacidad de acceso a la información relativa a la inciativa contra la que se alega– no han presentado la documentación para acreditar esa condición.

La Consellería de Economía e Industria ha iniciado un proceso de notificación de esta circunstancia para que «tanto particulares como otras entidades acrediten» en un plazo de diez días «el cumplimiento de los requisitos legalmente ensatablecidos para ser considerados como interesados».

En todo caso, subraya que «el reconocimiento o no de la condición de interesados de los particulares o entidades nada tiene que ver con que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas».

La Xunta recuerda que la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que el reconocimiento como interesado en procedimiento está reservado a titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, personas que puedan verse afectadas o asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.

También destaca que la ley de Evaluación Ambiental otorga la condición de interesados a personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos la protección del medio ambiente, lleven constituidas, al menos, dos años y desarrollen su actividad «en un ámbito territorial que resulte afectado por el plan, programa u objeto que deba someterse a la evaluación ambiental».

ALFONSO RUEDA

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha tildado de «actuación orquestada» las alegaciones presentadas contra el proyecto que la multinacional Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei.

A preguntas de los medios tras la reunión del Consello de la Xunta después de que el diario ABC publicase que de las casi 25.000 alegaciones presentadas «cerca del 98% son copias de una misma alegación», el titular del Gobierno gallego ha señalado que se puede hablar de «actuación orquestada», ya que «la mayoría» son «fotocopias firmadas».

«Si es normal que se hable de que hay 25.000 alegantes y resulta que la mayoría son copias firmadas de personas, solo hay alrededor de 200 de 25.000, si no hay una voluntad manifiesta de orquestar un sistema de alegaciones, yo creo que esto admite poca duda», ha censurado.