El PSdeG ha exigido este viernes a la Xunta que ponga en marcha una planificación «seria» que permita «garantizar» el despliegue de las energías renovables en Galicia.

En una rueda de prensa ofrecida junto a la parlamentaria autonómica Patricia Iglesias, el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, ha emplazado al Gobierno gallego a actuar para evitar que se «arruíne» el potencial de una industria «fundamental» para Galicia.

Por su parte, Iglesias ha aplaudido que, después de rechazar en la Cámara autonómica la propuesta del Grupo Socialista, la Xunta rectifique ahora y anuncie que se va a poner a trabajar en esa planificación, algo en lo que llevan insistiendo «siete meses» en el Parlamento.

González Casares ha lamentado que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, viajase a Bruselas, según ella misma dijo, a presionar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea /TJUE) y después a la Comisión, dentro de una estrategia que «crea desconfianza» en las instituciones y traslada «inseguridad e incertidumbre».

Además, ha advertido del «profundo desconocimiento» que, según ha dicho, mostró la conselleira con una pretendida gestión ante el TJUE, «que ni siquiera tiene la sede en la ciudad que ella visitaba».

Tanto González Casares como Iglesias han demandado a la Xunta que se adapte cuanto antes el marco normativo europeo. «Sobran engaños y falta transparencia», ha afirmado el primero, que ha señalado que esta actualización legislativa favorecería «una mejor planificación, una aceleración burocrática de los permisos y diálogo con los territorios implicados», teniendo en cuenta siempre la rigurosidad en la evaluación ambiental. Pero «lo único que hace la Xunta es crear inquietud y también dificultar la implicación de la ciudadanía en la transición ecológica», ha considerado.

En esta línea, Patricia Iglesias ha destacado que la «parálisis» del sector eólico en Galicia, «que significa también una parálisis de la transición energética», afecta ya a «65 parques eólicos» suspendidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pero también se debe a la «responsabilidad del Gobierno gallego, que echa balones fuera y relega todo al problema judicial».

La parlamentaria ha hecho esta afirmación al asegurar que los proyectos no solo están bloqueados por una consulta previa al TJUE, sino que hay casos en los que la paralización se debe a «motivos ambientales». «La propia Asociación Eólica de Galicia señala que están en juego más de 5.000 empleos e inversiones millonarias», ha advertido.

Para la diputada del PSdeG la raíz del problema es que el plan sectorial «data de 1997», a lo que se añade el «caos absoluto» en el que se maneja la Xunta del PP, que «anuló el concurso eólico más potente de Europa», el del Gobierno de Touriño, para que después la Justicia confirmase que era legal.

Además, Iglesias ha censurado que el PP rechazase cada una de las propuestas sobre energías renovables que el Grupo Socialista presentó en el Parlamento de Galicia desde el inicio de la legislatura. Así, ha sostenido que la «apisonadora» en la que convierten los populares su mayoría absoluta se traduce en que de las 34 enmiendas del PSdeG al proyecto de ley de recursos naturales «solo se aceptasen dos, pero referidas a cuestiones de estilo».

Frente a eso, ha indicado que el PSdeG apuesta por un pacto de país en materia de industria y energía. «No podemos perder el tren porque nos jugamos mucho», ha insistido la parlamentaria, que ha recordado que otras comunidades autónomas «no gobernadas por el PSOE, como Aragón o Castilla y León» ya desarrollaron una nueva planificación sectorial eólica, como también hizo el Ministerio para la Transición Ecológica en lo que se refiere a la eólica marina.

«Todos los sectores que participan en la transición saben cuál es el camino del Gobierno de España en este ámbito, pero desconocen cuál es la senda de la Xunta, y por eso nosotros reclamamos políticas claras», ha afirmado González Casares, que ha recordado que el Estado tuvo que solicitar comparecer como parte interesada en la cuestión prejudicial que resolverá el TJUE y «ofrecer la máxima colaboración a Galicia». «El trabajo que no está haciendo la Xunta lo tiene que hacer el Estado», ha sentencia.