La subida del canon de Sogama y la situación de la pesca serán dos de los asuntos que estarán el foco de la próxima sesión plenaria del Parlamento gallego, que se producirá días después de la reunión del pasado viernes entre el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.
El primer encuentro entre Rueda y Sánchez de la legislatura, que llega en pleno debate estatal sobre la reformulación del sistema de financiación autonómica, se colará en el debate de la Cámara, a la que llega la nueva ley de cultura inclusiva de Galicia elaborada por la Xunta.
El pleno arrancará con la elección del magistrado Andrés Lago Louro como nuevo miembro del Consello Consultivo para cubrir, a propuesta del PP, la vacante dejada por José Luis Costa Pillado.
A continuación, y tras debate y votación del dictamen sobre la memoria del Consello de Contas de 2022, llegará a la Cámara gallega la ley de cultura inclusiva de Galicia, con la que la Xunta pretende facilitar el acceso a productos culturales de colectivos y personas en riesgo de exclusión social.
En esta ocasión será el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, el encargado de comparecer ante la Cámara para analizar la situación del sector pesquero y marisquero de Galicia ante un hemiciclo en el que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntará a Rueda sobre su postura en el debate del sistema de financación autonómica, mientras que el socialista, José Ramón Gómez Besteiro, aprovechará su ‘careo’ quincenal con el presidente para contraponer la evolución económica de Galicia respecto al Estado.
EL CANON DE SOGAMA
La subida del canon de Sogama será uno de los temas que coparán el debate plenario, toda vez que cada uno de los tres principales grupos en la Cámara han incluido un punto del día relacionado con la subida del canon que la empresa cobra a los ayuntamientos por la recogida de la basura.
Las dos interpelaciones de nacionalistas y socialistas a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, por este asunto proceden de la última sesión plenaria, cuando fueron aplazadas por un viaje de la responsable del Gobierno autonómico a Bruselas.
Ahora, y después de que el presidente de la Xunta anunciase durante ese mismo pleno que asumirán el 60% del incremento que el PP atribuye a la decisión del Gobierno de aplicar una directiva europea que penaliza el modelo Sogama de quemar y enterrar los residos, los populares presentan una proposición no de ley que solicitará al Ejecutivo central que dé marcha atrás en la introducción de este gravamen.
PP: AP9 Y LEY DEL LITORAL
Además de esta iniciativa, el grupo mayoritario también se servirá de su peso en el hemiciclo para aprobar una demanda al Gobierno central para que elabore un estudio económico sobre el coste del rescate y la gratuidad de la AP-9.
A mayores, el PP preguntará al gobierno que sustenta sobre el plan de cobertura especial en la sanidad gallega durante el período estival y la situación del traspaso de manos del Estado de los medios materiales y personales para la gestión del dominio marítimo terrestre.
BNG: ALTRI Y SECTOR LÁCTEO
Por su parte, el Bloque lleva al pleno una interpelación al Gobierno gallego sobre el informe del Consello da Cultura Galega que cuestiona la implantación del proyecto de Altri en A Ulloa y pondrá el foco en las políticas de normalización lingüística de la Xunta.
En el apartado de proposiciones no de ley, reclamará un paquete de medidas para atajar la situación que atraviesa el sector lácteo gallego por la crisis de precios y solicitará más recursos en materia educativa y sanitaria para mejorar la atención a la diversidad en Galicia, además de preguntar por las dificultades a las que hace frente esta campaña la flota del cerco.
PSDEG: FINANCIACIÓN LOCAL Y CENTROS DE CRISIS
Por último, los socialistas reclamarán a través de dos iniciativas de impulso que se incrementen las plazas de personal docente en primaria y secundaria y que se adopten medidas desde la Xunta para incrementar la transparencia en relación a los contratos menores.
Asimismo, interpelarán a la Xunta por los problemas de financación que denuncian los ayuntamientos gallegos y demandarán explicaciones sobre la puesta en marcha de los denominados centros de crisis para la atención a víctimas de violencias machistas.
