La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha apelado a combatir desde las instituciones y administraciones públicas la «doble discriminación» a la que deben hacer frente las mujeres que padecen problemas de discapacidad, las migrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las que sufren marginación por motivos de etnia.

El mensaje ha sido lanzado por la máxima representante del Alto Comisionado del Parlamento gallego durante su comparencia ante la Comisión de Peticiones de la Cámara autonómica, reunida este viernes para abordar la memoria de actividad anual de la institución que encabeza desde 2019 la jurista Fernández Galiño.

La valedora ha reconocido que la «densidad» del informe entregado hace siete días en la Cámara autonómica dificulta entrar en el análisis pormenorizado de la actividad de la institución, aunque ha querido poner el foco, en esta ocasión, en las actuaciones llevadas a cabo en 2023 en relación a la protección de los derechos de la mujer.

En concreto, Fernández Galiño ha incidido en la importancia de reforzar la atención a las mujeres que padecen esa «doble discriminación» a la que se suma, al hecho de «ser mujer», condiciones como la discapacidad, los motivos económicos y sociales, su etnia o, incluso, su salud.

Como ejemplo de esto ha señalado el caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa sometida químicamente por su marido durante años para que fuese violada por decenas de hombres, un caso que celebra su juicio estos días en el sur del país galo.

La valedora ha recogido las palabras de Pelicot, que afirmó que entendía que las víctimas de violencias machistas no denuncien por la «humillación» a la que son sometidas por la sociedad cuando lo hacen.

Así, ha llamado a hacer frente a este tipo de discursos que ponen en el foco a las víctimas en lugar de los agresores, una lógica que, a su juicio, se practica también cuando «se minimizan» los feminicidios cometidos contra mujeres que ejercen la prostitución por el hecho de dedicarse a ello.

De esta forma, ha incidido en que las administraciones deben situar «en el centro» de las políticas públicas a las personas que viven «al margen» en la sociedad. «Hay que dar voz a los sin voz», ha aseverado Fernández Galiño.

DATOS 2023

La valedora ha repasado las cifras que dejó 2023, en el que el número de actuaciones el fue de 25.227 respecto a las 25.551 de 2022, mientras que el número de asuntos fue de 3.737 frente a los 3.958 de 2022.

Sin embargo, el número de expedientes abiertos sí ha aumentado, concretamente un 61,85%. En 2023 fueron 16.417 frente a los 10.143 del año anterior.

También ha aumentado el número de resoluciones, con un «registro histórico» de 649 resoluciones frente al del año pasado de 503, que según ha remarcado la Valedora, ya fue de record. Así, aumentó en un 29%.

ACCIONES CONCRETAS

Entre las acciones concretas que ha comentado la valedora durante su intervención ante los grupos en la comisión ha estado la recomendación a la Xunta y el resto de instituciones para que velen por garantizar el derecho a realizar trámites administrativos de forma presencial y no limitarlos a la vía telemática, así como a promocionar y ofrecer esta información «de forma clara» a la ciudadanía.

Asimismo, también ha abogado por reformar la normativa sobre la valoración de discapacidad para favorecer a las mujeres víctimas de violencia de género, incluso si todavía no tienen iniciado el procedimiento que les reconoce esta condición.

Además, ha reclamado a la administración «diligencia» y que otorgue «prioridad» a las valoraciones de personas con fibromialgia, una dolencia que afecta en su mayoría a mujeres.

GRUPOS

Durante el turno de los grupos, el diputado del BNG Óscar Insua ha puesto el foco en las quejas sobre la sanidad, especialmente las relacionadas con las listas de espera, y ha lamentado que el Valedor do Pobo sea «el muro de las lamentaciones» de la ciudadanía tras el cual se encuentra una Xunta que no atiende sus recomendaciones.

La parlamentaria del PSdeG Paloma Castro también ha señalado a la sanidad y el volumen de quejas gestionadas por la valedora como muestra de la falta de «recursos» en la Consellería de Sanidad, al tiempo que ha advertido que el número de expedientes relacionados con el uso del gallego «demuestran» que las políticas de la Xunta en materia de normalización lingüística «no están bien planteadas».

Por parte del PP, su viceportavoz Paula Prado ha dado la vuelta al argumento de la oposición para aseverar que como «el tema que más preocupa a los gallegos es la sanidad», el Gobierno gallego «se preocupa» de que ésta «siga funcionando en verano e invierno» con medidas como el refuerzo durante la pasada temporada estival que evitó los augurios de colapso de «la izquierda del no y de la búsqueda permanente del rédito político permanente».