La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha demandado a la Xunta trabajar para «anular» la concesión de la AP-9 y acabar con una «discriminación» y no solo hablar del traspaso de la misma.

Lo ha hecho después de que el Gobierno gallego presentase este jueves un estudio encargado a una consultora sobre los costes que supondría para el Estado la aprobación de la ley de transferencia de la AP-9 que está en tramitación en el Congreso y que, tal y como está redactada, supondría la ampliación de las bonificaciones ya en vigor y el fin del incremento anual de los peajes.

Pontón ha pedido, en declaraciones a los medios, que se remita ese informe al Parlamento gallego para conocer su contenido «más allá de una nota de prensa». Además de incidir en que este asunto se recogía en «una iniciativa del BNG», ha remarcado que esta «no solo requería un estudio sobre el rescate de la AP-9, sino también sobre todas las vías jurídicas para poder anular una ampliación de la concesión, que hizo el PP de Aznar».

«Hay que trabajar para realmente poner fin a una situacion que es una discriminación para todo el país», ha insistido Pontón, para quien el estudio presentado es «una puerta» para acabar con una concesión que ha calificado de «ilegal» por «vulnerar la normativa comunitaria».

«Me preocupa que — la Xunta — renuncie a esa vía y solo hable de la transferencia, igual de importante es que anulemos la concesión», ha insistido ante lo que ha calificado como «un atraco a mano armada» por lo que se paga en peajes.

Por ello, ha instado al Ejecutivo gallego a «ponerse las pilas para tener ese informe juridico y poder avanzar en la anulacion de la concesión, que Bruselas ve ilegal y es una dicriminacion para gallegos y gallegas».

ESTUDIO

El estudio de la Xunta presentado cifra en 526 millones el sobrecoste de traspasar la AP-9 y ampliar las bonificaciones. En concreto, un incremento de unos 526,5 millones de euros sobre el montante de 1.149 millones que ya se van a pagar hasta 2048 –año en el que finaliza la concesión a Audasa– con el mantenimiento de las bonificaciones que hay ahora en vigor. En total, siempre según este informe realizado por Eptisa, se pagarán unos 1.676 millones.

«Nada que ver con el baile de cifras dado por el Gobierno», ha esgrimido la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una rueda de prensa ofrecida junto al director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y al jefe de Proyectos de la consultora, Marcos Maderuelo.