El BNG pedirá amparo a la Presidencia y Mesa del Parlamento de Galicia para tener acceso a contratos menores otorgados «a dedo» por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Sanidade durante la pandemia.

En un comunicado, el Bloque explica que solicitará amparo para que la Xunta y el PP «respete» los derechos de los diputados en el acceso a la información y pueda garantizar el derecho a ejercer la labor de control al Ejecutivo.

El BNG acusa al Ejecutivo de Rueda de una nueva «maniobra» para restringir el acceso a expedientes sobre contratos menores. Los diputados nacionalistas Iago Tabarés y Luís Bará han acudido este viernes en dependencias del Sergas, en donde fueron citados, para examinar documentación que solicitaron previamente por vías oficiales, pero «finalmente no se puso a su disposición la documentación requerida».

Con base en el artículo 9 del reglamento de la Cámara, el Bloque solicitó la remisión al Parlamento de diversas contrataciones de emergencia en pandemia. En vez de aportar esa documentación, se citó a los diputados para examinar la documentación en dependencias administrativas.

«Una vez en dependencias del Sergas, en ningún momento se puso a nuestra disposición la documentación solicitada», asevera Tabarés. Sostiene que solo «en presencia y bajo el control del personal directivo y del gabinete del conselleiro» han podido ver en la pantalla de un ordenador documentos determinados, sin estar «toda la documentación solicitada».

Los diputados piden «luz y taquígrafos» y que se acabe con la «voluntad obstruccionista» del PP. Entre la documentación que requiere se encuentra la relacionada con los contratos de emergencia firmados con Universal Support, «en la que ostenta importantes responsabilidades el hermano de la pareja del expresidente de la Xunta y hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo», que «llegaron a los 20 millones de euros».

También pide información sobre los contratos con Sibucu, que «en el año 2020 se llevó un contrato de emergencia por dos millones de euros destinados a la compra de mascarillas», además de con Mape Asesores, «empresa con la que medió Alberto González, compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e investigado por presunto fraude fiscal».