El presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Javier Domínguez, ha justificado este jueves la subida del canon a los ayuntamientos propuesta por el consejo de administración de la compañía por los nuevos impuestos estatales que gravan el vertido y la incineración, así como el de producción de la energía eléctrica y la eliminación de la retribución por la planta termoeléctrica de Cerceda (A Coruña).
Así lo ha señalado en su intervención en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Parlamento de Galicia tras ser preguntado por la diputada socialista Paloma Castro Rey sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo autonómico en 2024 en lo que respecta al canon de Sogama, exigiendo que retire la nueva subida propuesta ya que «castiga» a los Ayuntamientos que cumplen con los compromisos medioambientales.
Domínguez ha lamentado que en 2023 Sogama contabilizó pérdidas por valor de 18 millones de euros después de tener que pagar unos 9,1 millones de euros del nuevo impuesto por vertidos e incineración puesto en marcha por el Gobierno central y tras perder 9,8 millones de euros de la retribución por la planta termoeléctrica de Cerceda a la que «tenían derecho hasta 2026». Además, la empresa tuvo que abonar 2,9 millones por la recuperación del impuesto estatal del valor de la energía eléctrica.
En total, Javier Domínguez calcula que el año pasado estas medidas estatales supusieron un encarecimiento de su servicio de casi 21,9 millones de euros «asumidos íntegramente por Sogama», por lo que ahora pretende fijarse en 66 euros por tonelada tratada la cuota a pagar por los municipios, descontando ya la aportación de la Xunta a las entidades locales a través de un fondo de cooperación adicional y que sería de 12 euros/tonelada.
Él ha defendido que esta cuota es la «más baja de España», subrayando que otras comunidades donde gobiernan los socialistas, como Asturias, el precio es de 96 euros, o el caso de Guipúzcoa, donde alcanza los 214 euros por tonelada.
Por su parte, Paloma Castro ha explicado que el impuesto a los vertidos y a la incineración no se trata de una iniciativa del «malvado Pedro Sánchez» para perjudicar a Galicia, sino que transpone una directiva europea de 2018 y pretende gravar la incineración y el depósito de basura en vertederos para incentivar el reciclaje.
Ante esto, Domínguez ha pedido otro tipo de incentivos para favorecer el reciclaje y no el pago de impuestos para que recaude la Administración central. Además, ha apuntado que solo un 21% de la basura tratada por Sogama acaba en su vertedero y el 30% de toda Galicia, frente al 50% de la media estatal.
