La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado imponer este lunes penas de prisión inferiores a los tres años para cada uno de los 11 imputados en la pieza original de la ‘Operación Pokémon’, la mayor macrocausa de corrupción política investigada en Galicia, tras haber alcanzado el Ministerio Fiscal un acuerdo de conformidad con las defensas de cada procesado y haber reconocido estos ante la jueza su autoría de los hechos.

Unos hechos relacionados con la adjudicación de manera fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva –entre los años 2004 y 2006– cuando el principal imputado en la pieza, el ex concejal del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, se encontraba al frente del área de Economía.

De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el ex edil, quien también llegó a desempeñar el puesto de teniente de alcalde durante el mandato del socialista José López Orozco, aprovechó su posición de poder y su cargo público para favorecer la concesión de la adjudicación a la citada empresa obteniendo por ello contraprestaciones económicas.

Además de Liñares, que ha comparecido en la vista por videoconferencia desde la prisión de Monterroso donde cumple condena por otros delitos, este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial diez procesados más: Javier Reguera y Manuel Santiso como parte del accionariado de Cechalva por sus vínculos directos con Liñares; así como ocho empresarios relacionados con la empresa o procesados como parte del sistema de doble contabilidad con caja B que esta mantuvo durante el periodo investigado en el marco de la causa.

REBAJA DE LAS PENAS

Tras la lectura del escrito de acusación, que se ha prolongado durante más de una hora, y de las modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los once imputados han reconocido uno a uno su autoría de los hechos y han aceptado las nuevas penas impuestas.

Unas penas que, en ninguno de los casos, exceden los tres años de prisión. La mayor rebaja ha recaído sobre el principal acusado, Francisco Fernández Liñares, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena acumulada de nueve años y medio de cárcel y que deberá cumplir ahora dos y medio como autor confeso de los delitos de violación de secretos por funcionario público, cohecho en concurso con negociaciones prohibidas, prevaricación y blanqueo de capitales. Deberá abonar también una multa ligeramente superior a los 100.000 euros.

Reguera y Santiso, por su parte, que se enfrentaban a penas de prisión cercanas a los ocho años, han sido condenados finalmente a dos años y cinco meses y dos años y un mes de cárcel, respectivamente, por los delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contable continuado.

El resto de los acusados han sido castigados con penas de menor duración de entre dos meses y un año y cuatro meses de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y blanqueo de capitales.

«LOS ACUERDOS SIEMPRE SON AGRIDULCES»

La investigación de la pieza original juzgada este lunes en Lugo fue la que inauguró las diligencias que acabarían derivando en la macrocausa Pokémon, instruida inicialmente desde el Juzgado número 1 de Lugo por la jueza Pilar de Lara y fragmentada desde el año 2012 en múltiples causas y archivos judiciales.

Un larguísimo proceso de instrucción que ha motivado la aplicación para los once procesados este lunes de un atenuante de dilaciones indebidas considerado por la sala como muy cualificado y responsable, en parte, de la notable rebaja de las penas.

«Después de más de una decena de años nos encontramos con la posibilidad de cerrar este asunto con un acuerdo de conformidad entre las partes que hemos entendido que es lo más beneficioso tanto para la Administración de Justicia como para nuestros clientes», ha manifestado, en relación al acuerdo alcanzado y frente a la sede de la Audiencia Provincial, Emilio Cortés, abogado de Francisco Fernández Liñares.

Un pacto entre defensas y Fiscalía que el propio letrado ha calificado después como agridulce. «Los acuerdos siempre son agridulces porque en los acuerdos todas las partes están contentas y descontentas a la vez. Siempre quedará la sensación de que podríamos haber llegado a una sentencia más favorable para nuestro cliente igual que la acusación pensará que podría haber conseguido una condena más contundente. Pero la conformidad consiste en eso», ha precisado.

En una línea muy similar se ha pronunciado el abogado de José Luis Álvarez, otro de los imputados en la causa. «Han sido muchos años en el Juzgado de Instrucción y al final todos hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Se ha alargado mucho el procedimiento pero también es cierto que se está aplicando el atenuante de dilaciones indebidas y el transcurso del tiempo ha jugado a favor del reo en este caso», ha finalizado.