–
La oferta del PSOE a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ourense (PP y BNG) para negociar una moción de censura que desbanque al regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, encara este jueves una nueva fase con la reunión a la que están citados los populares y nacionalistas, marcada por la incógnita de si estos últimos acudirán a la cita.
Y es que los populares sí han confirmado que estarán en el encuentro al que fueron invitados el pasado martes a través de una escrito denominado ‘Pacto de la Concordia’, elaborado por los socialistas con 14 puntos para que las tres fuerzas de la oposición articulen «una alternativa real de gobierno estable» en la capital provincial sin mención a quién asumiría el bastón de mando en sustitución del líder de Democracia Ourensana.
Los populares han trasladado que acudirán a la reunión, aunque lo han hecho con condicionantes. Dicen no tener líneas rojas «ni personas o formaciones políticas» con las que se nieguen a hablar, pero también que si no acuden las tres fuerzas políticas que representan a la oposición, «cualquier conversación en este escenario será inútil».
De este modo, han dejado la pelota sobre el tejado del BNG, que no ha querido anunciar si se presentará a la convocatoria y en la tarde de este miércoles todavía apelaba a que se encontraban considerando la decisión final.
Los nacionalistas han dicho en numerosas ocasiones que solo hablarán con el Partido Popular cuando rompan el acuerdo de investidura firmado con el regidor municipal hace un año cuando se repartieron los gobiernos de ayuntamiento y diputación.
En concreto, el pasado 31 de mayo el BNG sostuvo que «la mayor losa que afecta Ourense desde hace cuarenta» años «se llama PP». «No haremos alcalde ni teniente de alcalde a nadie del Partido Popular. El BNG es la antítesis de todo lo que representan los populares», proclamó la formación frentista.
Así pues, la firma del «Pacto de la Concordia» está en duda porque el PP acudirá a la convocatoria, pero solo se sentará a negociar si en esa mesa también se encuentran los nacionalistas que no se pronuncian al respecto.
La oferta de los socialistas incluye cuestiones como elaborar el presupuesto municipal para el año 2025 –el ayuntamiento trabaja con el prorrogado desde el 2020–, desbloquear y aprobar el Plan General de Ordenación Municipal o impulsar la Agenda 2030, así como recuperar la programación de la Universidad Popular o desbloquear las obras de la Plaza de Abastos.
SIN CANDIDATO
Sin embargo, el documento del PSOE no menciona a quién ni qué fuerza política sería el candidato en la moción de censura, una cuestión sobre la que puso el foco el regidor ourensano el pasado martes a través de sus redes sociales.
«El PSOE hace una propuesta formal de moción de censura sin el requisito formal de designar el nombre del candidato alternativo. Es de vergüenza ajena, creen que con un collage básico colorido será más fácil firmar», expuso Jácome.
PSOE APELA A UNA «SOLUCIÓN POLÍTICA»
Los socialistas han insistido en la necesidad de «una solución política» después de conocerse que la Fiscalía ha presentado una denuncia en el juzgado por el caso de los audios del regidor municipal, conocidos hace un año en el transcurso de las elecciones municipales de 2023.
A raíz de aquellos audios los grupos de la oposición habían presentado denuncias ante Fiscalía para investigar si el contenido de las conversaciones mostraría algún tipo de delito, desde la prevaricación hasta la malversación.
Ahora, concluidas las diligencias, la Fiscalía ha presentado la denuncia, según trasladan los socialistas en el comunicado en el que apuntan que «la única manera de poner fin a esta situación es con una respuesta política a la altura de las circunstancias», porque «la política se soluciona con política».
Se trataría así pues de la tercera resolución judicial de la semana sobre Gonzalo Pérez Jácome o su gestión, después de que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia anulase la designación de una plaza en el Consello Municipal de Deportes, y después de que el Juzgado de lo Social número de 1 de Ourense estimase la demanda formulada por el interventor del ayuntamiento y declararse nulo su cese, considerando además probado «el acoso laboral» por parte del regidor municipal.
