El Ayuntamiento de Santiago cifra en 58 las viviendas de uso turístico (VUT) que cuentan con título habilitante municipal, mientras que en el registro de la Xunta hay inscritas 816, según ha detallado este martes en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás.

De esas 58, 24 cumplen la normativa vigente y 34 cumplían la ordenanza anterior, pero no la modificación, es decir, pueden no estar en bajos o primeras plantas, sin embargo mantienen el título habilitante autorizado previamente.

Además, tal y como ha explicado el edil compostelano, de las 816 viviendas inscritas en el registro autonómico, 170 se encontrarían en localizaciones que cumplen la normativa vigente — estarían en bajos o primeros–.

Después de que este lunes el Gobierno local le haya trasladado a las asociaciones de propietarios de viviendas turísticas el contenido de la ordenanza que establece los requisitos y la documentación que tienen que incluir las personas que quieran ofrecer una vivienda como alojamiento hasta un máximo de 60 días al año, pero que no regularizará las VUT que no cumplan con el PXOM en vigor, la alcaldesa, Goretti Sanmartín y el concejal Iago Lestegás han comparecido ante los medios para explicar la situación de este tipo de inmuebles en la capital gallega.

Así, la regidora ha afirmado que en el debate de la modificación del PXOM del pasado mandato «se recogió la posibilidad de que hubiera una ordenanza de usos preexistentes» que, tal y como ha señalado, «deberían dirimirse en una disposición transitoria en aquel momento». «Al no hacerse eso, los informes jurídicos lo que concluyen es que no es posible legalizar o regularizar las actividades preexistentes», ha zanjado.

«EXPECTATIVAS IMPOSIBLES DE MATERIALIZAR» Con todo, Sanmartín ha reconocido que el debate existente en aquel momento «generó unas expectativas que los informes consideran que son imposibles de materializar una vez se modificó el PXOM» y ha subrayado que el Gobierno local debe «garantizar la mayor seguridad jurídica» de sus actuaciones.

Asimismo, ha avanzado que este mismo martes trasladarán a los portavoces municipales esta ordenanza y en las próximas semanas se debatirá en el pleno, insistiendo en que «de lo que trata es de la forma de comunicar los usos asimilados de vivienda».

«No entra esa posibilidad sobre la que se generaron expectativas de regularizar o legalizar otros usos preexistentes porque los informes jurídicos que existen al respecto no abren esa posibilidad», ha reiterado antes de apuntar que debe de haber «una apuesta por un interés general» para que exista «más parque de vivienda digna y adecuada para el conjunto de la población de Santiago».

Además de la forma de comunicar estos inmuebles, también se incluye la propuesta de regular la comunicación del posible alojamiento en habitaciones independientes. Sobre esto, los responsables locales han recordado que «solo podrá ser efectiva» cuando la normativa de Turismo de Galicia lo permita.

«PROBLEMA SEVERO»

En este contexto, Lestegás ha señalado que Santiago tiene «un problema severo» con la vivienda y, aunque la «proliferación» de usos turísticos «no es la única causa de la crisis de la vivienda», sí contribuye «notablemente» a esta problemática.

Ha recordado también que el uso de vivienda turística no tiene «consideración urbanística de uso residencial», por lo que «como uso terciario está sometido al régimen de comunicación previa a la administración municipal».

También ha insistido en que «no es posible resucitar el planeamiento anterior» para otorgar «un título habilitante que no se solicitó». «Sería jurídicamente imposible regularizar ahora unos establecimientos que en aquel momento no solicitaron ese título habilitante», ha argumentado antes de manifestar que esta ordenanza «solo regula la forma de comunicar los usos asimilados que prevé el PXOM en el artículo 107» para «favorecer la supervisión».

Tras detallar las cifras de VUT actuales con título habilitante (58) y las que constan en el registro de autonómico (816), el responsable de Urbanismo ha afirmado que hasta el momento se han emitido «90 órdenes de paralización e actividad». La intención, ha dicho, es actuar sobre «todas las que no tienen título habilitante».

Cuestionado sobre las expectativas que el Ejecutivo local de cómo afectará esta decisión al mercado residencial, Lestegás ha sostenido que «el objetivo» es que se incorporen «todas las incompatibles» con la normativa local.

«SE EXPLORARON TODAS LAS OPCIONES»

A preguntas de los medios sobre las críticas de algunas asociaciones de propietarios de VUT tras esta decisión, Goretti Sanmartín ha vuelto a insistir en que «es imposible» hacer una regulación diferente «de la que ya se recoge en el PXOM». «Se exploraron todas las opciones», ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que en su momento se trasladó que se podrían debatir algunas demandas a través de una disposición transitoria, pero, una vez aprobada la modificación, ha relatado, «no se puede».

Por ello, aunque ha dicho entender «el descontento» por parte de las personas que «actuaron de buena fe», «no se pueden legalizar a posteriori».

«Estamos dando cumplimiento a un programa electoral en el que nos comprometimos a velar por el efectivo cumplimiento de la normativa urbanística», ha justificado.