El Consello de Contas cifra en 19.956 millones de euros el déficit de financiación autonómica de Galicia entre 2009 y 2021, aunque la cantidad se reduce a 13.978 millones si se descuentan recursos extraordinarios en ese periodo (como fondos covid y otros adicionales).

Este informe de Contas, realizado a petición del Parlamento de Galicia, recoge que el gasto de Galicia anual de media en servicios básicos (referido a sanidad, educación y promoción social) es de 6.859 millones de euros, mientras la liquidación del Fondo de Garantía que financia estos servicios alcanzó los 5.324 millones anuales. Esto arroja un déficit anual de 1.535 millones de euros (1.075 millones descontados recursos extraordinarios).

El órgano fiscalizador indica que, en el período 2009-2021, de forma global los ingresos del sistema de financiación autonómica suponen un promedio anual de 7.420 millones de euros y representan el 84% de los ingresos no financieros de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Por habitante, supone un déficit medio anual de 559 euros (391 euros excluida otra financiación adicional). Galicia mantiene durante todo el período analizado una financiación per cápita tres puntos superior al promedio de las comunidades, si bien con una tendencia decreciente respecto de los primeros años de vigencia del modelo (año 2010).

En la senda de crecimiento de la financiación autonómica que se mantuvo hasta el año 2019, Galicia fue de las que menos creció. En contra de la dinámica general de las comunidades, en Galicia la pérdida sistemática de población total y ajustada incidió en esa dinámica de los recursos. El peso relativo de los recursos de Galicia en el sistema de financiación autonómica descendió de un 7,1% en el ejercicio 2010 a un 6,6% en el 2021.

REBAJAS DE IMPUESTOS DE LA XUNTA MAYOR QUE LA MEDIA

Contas también analiza el margen de que disponen las comunidades para elevar o reducir los tributos cedidos. Aquí, concluye que Galicia presenta una capacidad fiscal seis puntos por debajo del promedio de las comunidades autónomas y unas necesidades de gasto siete puntos por encima del promedio de las autonomías.

En los ejercicios 2021 y 2022 se visualiza en Galicia un cambio de tendencia en los efectos del ejercicio de esas medidas tributarias, con un saldo negativo en la recaudación que refleja que los beneficios fiscales superan las medidas de incremento de recaudación.

Si bien en la mayor parte del periodo de vigencia del modelo el ejercicio de la capacidad normativa sirvió para incrementar los recursos facilitados por el sistema, en los ejercicios 2021 y 2022 el ejercicio de las competencias normativas tributarias por Galicia supuso una disminución de esos ingresos al superar los beneficios fiscales las medidas de incremento de la recaudación.

DISPERSIÓN Y ENVEJECIMIENTO

En el periodo analizado, la insuficiencia de ingresos en Galicia se gestionó recurriendo a niveles de gasto inferiores, por debajo del promedio de las comunidades, lo que se tradujo en un déficit público inferior al promedio y una deuda por habitante ajustado también por debajo de ese promedio (es la segunda comunidad con menos deuda por habitante ajustado).

La ponderación de las principales variables poblacionales de ese indicador, como la población protegida (38%) o la población en edad escolar (20,5%), no representa el peso real de los gastos de estos bloques, situado en Galicia alrededor del 45% y 25%, respectivamente, del gasto autonómico.

«Tampoco la dispersión como variable no poblacional tiene un tratamiento adecuado para dar respuesta a los sobrecostes que presenta esta realidad en Galicia, ni el factor del envejecimiento un tratamiento diferenciado acorde con los costes reales que genera», avisa Contas. El peso relativo ponderado de ese indicador de población ajustada fue disminuyendo en Galicia, pasando del 6,78 en el año 2009 al 6,56 en el 2021. Esta caída de 0,22 puntos implica una pérdida de recursos del Fondo de Garantía que puede estimarse en 2021 en 220 millones de euros.

La propuesta del Ministerio sobre la nueva determinación de la población ajustada aproxima las ponderaciones y la definición de las variables poblacionales al gasto de los distintos bloques competenciales autonómicos y, por lo tanto, a las necesidades reales de gasto. Sin embargo, «factores como el escaso peso de los tramos de mayor edad en la ponderación de la población protegida, la consideración de usuarios potenciales en vez de reales en el ámbito educativo o la no ponderación de los costes de servicios sociales atendiendo a los grados de dependencia (SAAD) son aspectos que la Xunta alega que perjudican a la financiación de la comunidad».

El mantenimiento de la ponderación de la variable dispersión en el 0,6% tampoco da respuesta al déficit de financiación que esta realidad ocasiona en Galicia. Con la nueva propuesta del Ministerio, Galicia tampoco recibirá recursos a través de la variable de costes fijos, y solo percibirá un reducido porcentaje en el criterio de despoblación.

RECOMENDACIONES

En el apartado de recomendaciones, el Consello de Contas apuesta por «defender un modelo basado en la suficiencia global de recursos, en la nivelación total y distribución en proporción a las necesidades reales de gasto».

Defiende un diseño del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que garantice la financiación suficiente de las inversiones productivas.

En diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda envió a las CCAA una propuesta de cálculo de la población ajustada. La herramienta trata de reflejar los mayores costes que supone prestar los servicios básicos del Estado de bienestar en cada región según sus características poblacionales, territoriales y sociales.

También aboga por la revisión del cálculo de la población ajustada, en base a un estudio riguroso del coste de la prestación de los servicios.

Igualmente, apela la información sobre las medidas tributarias adoptadas y publicarla en el portal de transparencia. Valora el impacto sobre la suficiencia y la equidad de escenarios definidos por los posibles incrementos de la capacidad fiscal.

El Consello de Contas recuerda que el sistema lleva caducado desde el año 2014, fecha desde la que se está incumpliendo la previsión legal de revisiones quinquenales y de evaluación de resultados.